¡Me lleva el tren!

“Santones de la ecología”

Rafael Robles de Benito
Foto: Notimex
La Jornada Maya

Jueves 7 de febrero, 2019

Las declaraciones del titular de Fonatur acerca del impacto ambiental que generará el proyecto del tren maya, y acerca de la consulta a los pueblos originarios son, por decir lo menos, desafortunadas. La ligereza con que trata el tema de la conservación del patrimonio natural y la postura que ofrece al decir que la decisión ya está tomada y la consulta vendrá después, generan cierto pasmo. Además, se aventura a descalificar a los expertos, tildándolos de “santones de la ecología”. Sin ser uno de esos santones, creo tener una idea más clara acerca del tema de la conservación y del impacto ambiental que la que nos comparte el señor Jiménez Pons. Sin pretender enmendarle la plana, y dejando claro de entrada que no me opongo a rajatabla al proyecto del tren maya, que no conocemos aún, me atrevo a emitir algunas consideraciones, preguntas e inquietudes que creo vale la pena atender antes de colocar un tramo de vía.

Dice el señor Jiménez que “no podemos ser a ultranza conservacionistas cuando tenemos tanta miseria; tenemos que crear desarrollo y el desarrollo va a tener afectaciones al medio ambiente, obvio. Pero primero va la gente, no ganamos nada como país con tener jaguares gordos y niños famélicos, tiene que haber un equilibrio”. Parece no tener claro el hecho de que un medio ambiente sano, además de estar consignado en nuestra carta magna como un derecho humano, es condición necesaria para que se genere un proceso de desarrollo genuinamente sustentable.

Jaguares gordos y niños famélicos

En efecto, tiene que haber un equilibrio, pero éste no atraviesa por la falsa disyuntiva de “jaguares gordos y niños famélicos”. Más bien, y sobre todo en la región por la que pasará el tren, donde se encuentra la porción más importante de la masa forestal tropical de la nación, el desarrollo debe concebirse como la construcción de paisajes productivos sustentables, donde se garantice la permanencia de la biodiversidad y los servicios ambientales, y donde se garantice también la capacidad de las comunidades (indígenas o no) de generar un buen vivir.

También dice el funcionario en cuestión que son “la miseria y la ignorancia, las dos juntas, que han echado a perder todas nuestras reservas de la biósfera”. Esto no es del todo cierto. Las reservas de la biosfera -que son sólo una de las categorías de área protegida que administra el ejecutivo federal- cumplen, en la mayoría de los casos, con los propósitos para los que fueron creadas, y esto a pesar de doce años de recortes presupuestarios agresivos y sistemáticos. Cuando funcionan mejor es cuando incorporan la participación de las comunidades que habitan en ellas o a su alrededor.

Una contradicción insalvable en la postura del señor Jiménez es que, por una parte, dice que la decisión de hacer la obra ya está tomada, pero que los estudios integrales para determinar su viabilidad aún no se han licitado. ¿No tendrían que haberse elaborado los estudios para estar en condiciones de tomar una decisión, sobre todo en una obra de esta envergadura, que implica la erogación de un monto muy elevado de recursos públicos? Además, se dice que la decisión ya se tomó, y que después vendrá la consulta.

Quizá no haya yo entendido bien, pero me parece que el espíritu de la consulta es que debe ser previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada. Previa significa, a mi entender, que debe acontecer antes de haberse iniciado una obra, acción o proyecto. Si ya hay una decisión tomada, no habrá consulta previa. La consulta que se describe en los documentos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que signó nuestro país desde los años ochenta del siglo pasado, implica que se ofrezca con total transparencia toda la información pertinente a la propuesta de que se trate. Pero todavía no hay estudios, ni proyecto ejecutivo o algo que se le parezca. Si se hiciera una consulta en estos términos, sería cualquier cosa menos informada.

Ordenamiento territorial

Se habla también de que “en cada una de las estaciones se tiene previsto desarrollar pequeñas ciudades, ‘pueblos bicicleteros’, a partir de un reordenamiento territorial, en donde el 70 por ciento sean áreas verdes y el 30 por ciento urbanizado”. Muchos de los sitios por los que se espera que pase el tren han atravesado ya por procesos de ordenamiento territorial, con un esfuerzo considerable de los gobiernos locales, estatales y municipales, y con la participación de las comunidades y organizaciones que habitan esas localidades. ¿Ahora se van a “reordenar” alrededor del establecimiento de pueblos bicicleteros? ¿Quién cargará con el costo de estos nuevos ordenamientos? Porque el ordenamiento del territorio, si se hace con seriedad y con rigor técnico, cuesta dinero.

Por último, no puedo dejar de manifestar mi inquietud ante el silencio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Comisión Nacional Forestal, y la Comisión Nacional del Agua, frente a un proyecto que les atañe en virtud de sus competencias y facultades. ¿O será que se les considera también “santones de la ecología” y por tanto su opinión resulta irrelevante?

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