Cierre de estancias perjudica derechos de niños y trabajadoras: CNDH

Solicita a la SG la implementación de seis medidas cautelares para impedir la violación a las garantías

Emir Olivares Alonso
Foto: CNDH
La Jornada Maya

Ciudad de México
Miércoles 6 de marzo, 2019

El recorte presupuestal y la desaparición del Programa de Estancias Infantiles planteado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador representa una regresión en los derechos de los menores en la primera infancia, puede propiciar la afectación en la atención y cuidado de los hijos e hijas de madres trabajadoras y padres solos, y perjudica el ejercicio de los derechos económicos y sociales de los responsables y trabajadoras de las guarderías.

Así lo determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por lo que solicitó a la Secretaría de Gobernación (SG) la implementación de seis medidas cautelares para impedir la violación a las garantías fundamentales de niñas y niños con motivo del recorte presupuestal de casi 50 por ciento al “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y Padres Solos” y la emisión del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del “Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y los Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el Ejercicio Fiscal 2019” (Programa de Apoyo 2019).

El organismo nacional ha recibido diversos escritos de queja al respecto, entre ellos, el presentado el 25 de febrero pasado, suscrito por responsables de estancias infantiles de diversas entidades federativas, en el que solicitaron la emisión de medidas cautelares relacionadas, entre otros aspectos con el requerimiento de medidas de seguridad urgentes para las responsables de estas estancias que hayan sufrido agresiones o amenazas derivadas de la información publicada relacionada con acusaciones de corrupción y por realizar la defensa de los derechos humanos de niñas, niños y mujeres; el pago de los apoyos de enero y febrero, en los términos en que operaba en 2018.

Además, piden una disculpa pública de las autoridades federales "por haber difamado y acusado de corruptas y de operar irregularmente a las responsables de las estancias infantiles", toda vez que se dañó su imagen y reputación; y frenar el hostigamiento en su contra por parte de autoridades federales y en algunos casos, estatales y municipales.

Por ello, la CNDH dirigió un oficio al subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la SG, Alejandro Encinas Rodríguez, en el que le solicita acordar seis medidas cautelares: generar las acciones de coordinación necesarias entre autoridades federales y locales que eviten la violación de los derechos de los menores con motivo del recorte presupuestal en la asignación de recursos destinados al Programa de Apoyo 2019 y su modificación en la forma de asignar los apoyos económicos, privilegiando en toda actividad estatal el interés superior de la niñez; gestionar ante las autoridades que correspondan la implementación de las medidas que resulten necesarias para garantizar y salvaguardar la integridad y seguridad de las personas responsables y trabajadoras de las estancias que han sido amenazadas, agredidas y hostigadas.

Propiciar la coordinación entre autoridades federales y locales, a fin de evitar la estigmatización de las responsables y empleadas, además de continuar siendo un vínculo de interlocución con ellas que permita encontrar solución a la problemática que han planteado; establecer las acciones que permitan hacer efectivo el derecho de participación de madres trabajadoras y padres solos o tutores con motivo de las medidas administrativas y legales que en su caso se adopten en relación con el Programa de Apoyos 2019, teniendo presente en todo momento el interés superior de niñas y niños.

Buscar la generación de políticas públicas de igualdad entre los géneros que permitan a las mujeres conciliar el ejercicio de los derechos al trabajo y a la familia, que redunden en el mayor beneficio de las niñas y los niños; y gestionar las medidas que resulten necesarias a fin de evitar regresión alguna en el ejercicio de los derechos económicos y sociales de todas las personas beneficiarias del Programa.

En el documento, el organismo nacional subraya que ha expresado públicamente su preocupación por el impacto de las medidas anunciadas en los derechos de niñas y niños, sus familias, así como responsables y trabajadoras de estancias infantiles, entre otras, por las razones siguientes:

La posible restricción a los derechos de la primera infancia como son el de educación, estimulación temprana, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. "Por ello, las políticas públicas emprendidas por las autoridades federales y locales deben garantizar los derechos de la niñez y su interés superior, asegurando la asignación prioritaria de recursos para tal efecto".

El recorte presupuestal y la desaparición del Programa de Estancias Infantiles, puede propiciar que madres y padres afectados en la atención y cuidado de sus hijas e hijos, busquen otras opciones que deriven en un gasto familiar imprevisto, o dejar el cuidado de ellas y ellos a personas que no cuenten con las habilidades y preparación.

"El Comité de los Derechos del Niño ha destacado la importancia de que los Estados nacionales realicen inversiones en el desarrollo de la primera infancia, lo cual tendría un efecto positivo y directo al romper ciclos de pobreza y generar una elevada rentabilidad económica en el futuro, sin soslayar que el Estado mexicano en 2020 tendrá que comparecer ante ese Comité con motivo del Sexto Informe Periódico de Cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, en cuyo caso podría haber alguna observación a las autoridades mexicanas".

Agrega que se podrían profundizar las brechas de desigualdad de género en el país, toda vez que las mujeres trabajadoras se verían obligadas a renunciar a su empleo para asumir el cuidado total de sus pequeños.

"De conformidad con las Reglas de Operación del Programa de Apoyo 2019, la ayuda se entregará directamente a la madre, padre solo o tutor, sin embargo, es conveniente evaluar si las transferencias económicas directas a las familias resultan el mecanismo idóneo para garantizar los derechos de niñas y niños o servirán para satisfacer otras necesidades básicas".

Adicionalmente, añade la CNDH en el documento, el cierre de estancias infantiles tendría como consecuencia la afectación de derechos de las personas responsables y trabajadoras de esos establecimientos, sin desconocer que esos apoyos económicos se destinan a la población en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y marginación social.

"La disminución de recursos presupuestarios y la transferencia directa de los apoyos a la madre, padre solo o tutor, podría acentuar las diferencias entre las acciones destinadas a los beneficiarios de los sistemas de seguridad social ya establecidos y las personas que no cuentan con acceso a ellos".

Ante señalamientos de actos de corrupción, irregularidades o problemas administrativos, es incuestionable la obligación de las autoridades de investigar y sancionar a los responsables, sin embargo, sin prejuzgar a priori, no se puede estigmatizar a las personas encargadas y trabajadoras de las estancias infantiles, pues algunas de ellas han expresado haber sido víctimas de amenazas e insultos, remarca.

De acuerdo con la información que se desprende del escrito de queja del 25 de febrero del año en curso, que la Auditoría Superior de la Federación evaluó el Programa de Estancias Infantiles durante el periodo 2017 y 2018, habiendo detectado irregularidades en sólo 319 de un total de 9 mil 565, lo que representó el 3.3 por ciento de los establecimientos en el país e hizo observación sólo al 1.8 por ciento del presupuesto del programa.

Además, subraya, las responsables de más de 8 mil estancias infantiles fueron capacitadas por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) para la detección y atención temprana de personas menores con discapacidad.

"De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa de Apoyo 2019, éste estará dirigido a personas que habiten en municipios indígenas de alto rezago social, pobreza extrema y zonas con alto grado de marginación y altos índices de violencia, no contemplando a las mujeres trabajadoras y padres solos o tutores que viven en situaciones de pobreza urbana y que no cuentan con seguridad social ni recursos para pagar los servicios de cuidado infantil, entre otros supuestos".

El organismo nacional informó que continuará integrando el expediente de queja y en su momento emitirá el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda.