Autoridades y organismos exigen rápida resolución al asesinato de comunicador

El gobernador Carlos Joaquín solicita a la fiscalía poner especial atención al caso

La Jornada Maya
Foto: Juan Manuel Valdivia

Playa del Carmen, Quintana Roo
Jueves 16 de mayo, 2019

El asesinato del comunicador Francisco Romero en Playa del Carmen fue motivo de repudio de autoridades y organismos defensores de los periodistas, quienes exigieron una rápida resolución del caso.

“Muy lamentable lo que sucedió (…) Hemos pedido al señor fiscal (Óscar Montes de Oca Rosales) que ponga especial atención en esta situación, entiendo que ya trabajan en ese sentido”, señaló ayer el gobernador Carlos Joaquín González, entrevistado al respecto durante un evento en Chetumal.

La Comisión de los Derechos Humanos del estado (Cdheqroo) también condenó el homicidio de quien fue propietario del portal Ocurrió Aquí y colaborador del Semanario Playa News, y expresó sus condolencias y solidaridad a sus familiares.

Mediante un comunicado, el organismo informó que personal de la Tercera Visitaduría General realiza las diligencias necesarias para el seguimiento de este caso.

La Cdheqroo llamó a las autoridades estatales para que se proteja la integridad física y emocional de los familiares del fallecido, e instó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a considerar en las líneas de investigación de este crimen, su labor como periodista.

También se pronunció al respecto la organización Artículo 19. “El periodista contaba con medidas de protección del Mecanismo de Protección de (la Secretaría de Gobernación), debido a agresiones previas”, señalaron en su cuenta de Twitter @article19mx.

La organización “documenta el asesinato de Francisco Romero y exige a la FGE investigar el crimen de manera inmediata y cabal con base en el protocolo homologado para la investigación de delitos contra la libertad de expresión”.

En abril de este año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expuso los vacíos legales, de mecanismos y acciones en las entidades federativas para prevenir, proteger e investigar las agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, especialmente ante los 191 homicidios cometidos contra los integrantes de esos colectivos –146 comunicadores y 45 activistas desde el año 2000–, la mayoría de los cuales permanece en la impunidad.