Corrigen a empresarios sobre su opinión de Chichén Itzá

Buscarán la colaboración con las demás dependencias responsables de la zona arqueológica

Abraham Bote
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Jueves 3 de octubre, 2019

Respecto a las declaraciones del líder de la Canaco Mérida, Michel Salum Francis y del presidente de la Asociación de Hoteles en Yucatán, Héctor Navarrete Medina, sobre que "urge que el INAH meta las manos...que tome una acción contundente” , en relación al tema de ambulantaje que hay en Chichén Itzá, pues dan “una pésima imagen”, Marco Antonio Santos Ramírez, director general de la zona arqueológica, declaró que las dependencias de gobierno tienen la “obligación moral” de resolver el problema.

Sólo el año pasado, detalló, el gobierno del estado obtuvo más de 430 millones de pesos por cobrar el acceso en los paradores turísticos de las zonas arqueológicas, donde Chichén aportó la mayoría del recurso que no se ocupa para lo que en origen se creó el Patronato Cultur, se ha usado para otras cosas, cuando se requiere un nuevo parador con mejores instalaciones, más amplias.

Navarrete Medina, en una rueda de prensa realizada este 2 de octubre, también dijo: “Lo último que dice un turista cuando se va (del estado) y le preguntas cómo le fue, dice: la verdad todo bien, los yucatecos son una chulada, pero algo hay que hacer con Chichén".

Sobre esto, Santos Ramírez indicó que las dependencias de gobierno del estado tiene "la obligación moral" de atender esta problemática, pues precisó que el INAH cobra 70 pesos por entrar a la zona, recurso que va a la Tesorería de la Federación, mientras que el gobierno de Yucatán, a través del parador turístico del patronato Cultur, cobra 405 pesos, dinero que tampoco les llega a ellos. Entonces "¿Quién tendría la obligación moral de poner un nuevo parador y hacer todo lo se quiere para solucionar el problema?", cuestionó.

Asimismo, dijo que al área central, la mayor parte que se visita, es propiedad del gobierno del estado, en ese sentido, quien legalmente podría hacer algo serían ellos, insistió. Nosotros, agregó, como Instituto tenemos por mandado de ley la salvaguardia del patrimonio.

"Es un tema compartido, no nos hacemos un lado, pero nuestra misión es otra, coadyuvar en este proceso, pero directamente no es el INAH quien tenga directamente que poner un nuevo parador, un lugar donde estén los vendedores, o impedirles el paso", subrayó.

No se trata de retirarlos, ya que son 600 familias que de alguna forma se mantienen de eso, sino hay que darles una alternativa. "No podemos mandar al Ejército y sacarlos mañana, el país ya cambió..ya no estamos en un país donde se reprime al pueblo, hay que darles un espacio digno para hacer su labor", manifestó.

Convenio

El arqueólogo recordó que existe un convenio que se creó en 1986 con el cual se funda el Patronato Cultur, que establece que los recurso captados en los paradores se reinvierta en mantenimiento y conservación de los sitios e inractucuta turística, no obstante cuando pasa a manos de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatan (AAFY), Cultur ya no recibe el dinero directamente, sino que va a AAFY y éste lo regresa vía presupuesto a Cultur para que invierta en los paradores, pero "esto no pasa. No es así".

Un tema que incluye a todos

Por su parte, Eduardo López Calzada, director del Centro INAH en Yucatán, confirmó que este tema en específico se trabaja en conjunto con Cultur, para encontrar una solución y ordenamiento a este comercio.

En ese sentido, informó que se trabaja con estas dependencias en una estrategia incluyente para llegar acuerdos, incluso con los mismos comerciantes para generar una mejor presentación del sitio, y un crecimiento del mismo con orden. Ya hay propuestas de poder ampliar el actual parador, se está valorando cómo podría ser o buscar otra alternativa dentro del marco legal vigente.