Corrupción: todos los caminos conducen a Peña

Medina Mora, durante el gobierno de EPN, fungió como embajador en Reino Unido y EU

Mario Patrón
Foto: Twitter @lopezobrador_
La Jornada Maya

Jueves 10 de octubre, 2019

Una de las banderas políticas más emblemáticas de Andrés Manuel López Obrador, tanto en campaña como en ejercicio de gobierno, ha sido la lucha contra la corrupción.

Si bien el Presidente ha incurrido en excesos en esta narrativa, pues de pronto pareciera que toda acción de gobierno se justifica bajo el paraguas anticorrupción, sin duda hay que reconocer que existe una serie de casos del orden penal vinculados con personajes importantes del gobierno de Enrique Peña Nieto que podrían eventualmente traducirse en estandartes de la agenda del Estado democrático de derecho.

El propio caso del ex ministro Medina Mora se podría circunscribir en esta pauta de análisis, pues ha trascendido que se le investigaría por lavado de dinero y por la triangulación, desde Estados Unidos e Inglaterra, de 102 millones de pesos a sus cuentas bancarias. Medina Mora, durante el gobierno de EPN, fungió como embajador en Reino Unido y Estados Unidos y antes había sido ya secretario de Seguridad, procurador general de la República y director del Cisen, entre otros cargos públicos de alto nivel.

Al nombre del ex ministro se suman otros de gran relevancia durante el peñismo que dan cuenta de un posible modus operandi tolerado desde las estructuras del poder, empezando por el general Eduardo León Trauwitz, ex jefe de escoltas de EPN, cuando éste era gobernador del estado de México, y ex subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex durante el sexenio de Peña en la Presidencia, cargo que lo responsabilizaba de vigilar la red de ductos y combatir la ordeña de combustibles.

Trauwitz es investigado por la Fiscalía por haber permitido acciones que favorecieron la sustracción ilegal de hidrocarburos a la paraestatal, junto a 20 militares y funcionarios de Pemex implicados. Tan sólo en 2018 se localizaron cerca de 15 mil tomas clandestinas en los ductos de la empresa, y las pérdidas económicas por hurto fueron de 34 mil 711 millones de pesos.

A su vez, Trauwitz está implicado en la compra de un lujoso avión, cuya adquisición se justificó diciendo que se usaría para la vigilancia de los ductos, pero terminó desviando su propósito, llegando a transportar a distintos funcionarios de Pemex –como el líder sindical Romero Deschamps–, el ex candidato a la presidencia José Antonio Meade y otros personajes ahora bajo la lupa, como Emilio Lozoya.

Este último, coordinador de campaña de EPN en 2012 y ex director de Pemex entre 2012 y 2016, presuntamente recibió 10 millones de dólares como soborno de Odebrecht para asegurar contrataciones en licitaciones públicas; no es de sorprender que en 2013 la empresa ganara la licitación para la construcción de un proyecto en la refinería de Tula, Hidalgo. A esto se le suma la controversial compra de la empresa Fertinal, que dejó a Pemex millonariamente endeudado. Ahora, Lozoya es acusado de triangular recursos públicos con las empresas Altos Hornos de México y Yacani, de la cual su esposa es accionista, y de lo que también se acusa a Rodrigo Arteaga Santoyo, ex colaborador de EPN desde 2005 y secretario particular de Lozoya.

La triangulación de recursos se ha evidenciado como el modus operandi de la administración anterior. La estafa maestra entra en escena con la Sedesol de Rosario Robles, acompañando a los funcionarios de Pemex ya señalados. La Sedesol realizó transferencias y contratos millonarios con universidades públicas y empresas a cambio de servicios para la Cruzada Nacional contra el Hambre, servicios que, en su mayoría, nunca se llevaron a cabo, resultando en la entrega de sólo 7 por ciento de las despensas que supuestamente se habían comprado para el programa. Entre Pemex, Sedesol y el resto de dependencias implicadas en la estafa maestra, el monto del fraude se estima en 7 mil 670 millones de pesos.

No podemos dejar de lado en lo anterior a Juan Collado, abogado defensor de muchos miembros de la ya señalada élite –como los Salinas de Gortari y ex gobernadores priístas presos: Eugenio Hernández, Mario Villanueva y Roberto Borge–, quien es investigado por simular operaciones financieras y blanquear recursos desde la heredada casa de empeño Caja Libertad. Es así que, a Collado, encargado también del divorcio entre EPN y Angélica Rivera, se le acusa de ser autor material de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, la creación de cuatro empresas fantasma y la simulación de la venta de un terreno en Querétaro por un total de 156 millones de pesos.

La suma de todos estos apellidos, Trauwitz, Lozoya, Robles, Collado e incluso Medina Mora, nos permiten sacar conclusiones: a) Todos son personajes públicos relevantes del gobierno de EPN; b) Todos, salvo Collado, ocuparon cargos públicos considerados puestos de confianza y de primer nivel; c) Todos tenían relación personal e institucional con el ex presidente; d) Todos están involucrados con investigaciones relacionadas con delitos propios de la corrupción: dos de ellos hoy vinculados a proceso (Rosario Robles y Juan Collado), dos con orden de captura (Lozoya y Trauwitz) y uno de ellos recién renunciado de la SCJN.

Todos estos casos, en la medida en que sean cabalmente investigados, puestos ante la justicia y esclarecidos, podrían ser un revulsivo para la agenda del Estado democrático de derecho. Podrían significar un antes y un después en la lucha contra la corrupción y la impunidad, pues nos permitirían clarificar si existía una tolerancia activa o, por lo menos, pasiva, desde lo más alto del poder. De lo contrario, sólo serán los típicos casos de relumbrón político de inicio del sexenio.

Ciudad de México
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