Visita de AMLO a QRoo: retos y oportunidades

El presidente mencionó un programa conjunto federación-estado

Francisco J. Rosado May
Foto: Juan Manuel Valdivia
La Jornada Maya

Martes 12 de noviembre, 2019

El sábado 9 de noviembre se concretó el anuncio que el presidente de México hizo en su mañanera: visitó Felipe Carrillo Puerto para conocer de cerca la problemática de las comunidades indígenas en Quintana Roo. Llegó puntual a la cita en el domo doble de la Colonia Cecilio Chí que recibió a unas 4 mil personas, todas interesadas en escuchar el mensaje presidencial y algunas para entregar solicitudes, propuestas o regalos.

Diversos medios han dado cuenta de la visita del presidente, esta entrega pretende presentar un análisis de algunos de los puntos que mencionó en su discurso y que requieren obligadamente de claridad conceptual y metodológica.

La metodología que se siguió para determinar cuales son los temas expuestos ante el presidente, leídos por una egresada de la UIMQRoo elegida en la reunión previa del 8 de noviembre, la expresó el Director General del INPI. Bajo la premisa de que es muy complicado y difícil que en el evento se establezca un conversatorio o al menos la oportunidad de que las personas expresen de viva voz sus problemáticas (¿Quiénes lo harían? ¿tiempo de intervención? ¿Cuántos intervendrían?), se optó por invitar a autoridades indígenas, formales (p.e. delegados, comisariados) e informales (p.e. Dignatarios, líderes comunitarios). Fueron casi 110 de varios municipios y comunidades quienes expresaron las necesidades que fueron sistematizadas y sirvieron como insumo para el documento leído en el evento.

Los rezagos, necesidades y problemáticas están a la vista. No solamente las quejas en contra de la CFE, que abundaron en el evento, sino que la falta de infraestructura como buenos caminos y su mantenimiento, electricidad, internet, telefonía, acceso a salud y educación culturalmente pertinente, empleos, comercialización de los productos, combate a la corrupción, albergues dignos para estudiantes, de todos los niveles, y con mayor cobertura, fomento a la medicina tradicional y partos naturales, combate a la delincuencia, fortalecimiento de los jueces tradicionales y ampliación de su cobertura, apoyo a la producción de alimentos y alternativas para los problemas ambientales, etc., etc.

¿Podría haber otra metodología mas inclusiva? Sin duda; por ejemplo, se pueden formalizar asambleas comunitarias para conocer sus problemáticas, elegir representantes y conformar consejos regionales que representen territorios ya identificados en la práctica. Esto demanda mas trabajo y tiempo, pero es viable, otorga mucha mayor participación y se puede captar mucho mejor las problemáticas y alternativas de solución.

El presidente mencionó un programa conjunto federación-estado para apoyar el mantenimiento de las escuelas. Se trata de que el recurso llegue directamente a un comité de padres de familia para ejercerlo en acciones que la asamblea escolar decida. El presidente explicó que se trata de evitar el marasmo burocrático, que el recurso no tenga intermediarios. La idea no es mala, permite una mayor participación en toma de decisiones y un empoderamiento de los padres de familia quienes pueden estar mucho mas pendientes de la educación de sus hijos. Sin embargo, se deben tomar en cuenta varios elementos como establecer procedimientos claros, capacitación a los padres de familia para saber como recibirán el recurso, como deben hacer las comprobaciones y rendir cuentas, como evitar nuevas formas de corrupción o injerencia de personas o intereses ajenos, etc. Además, está el tema del tiempo que los padres de familia tienen disponible; ojalá que se impulse la colaboración de padres de familia capacitados y honestos, que puedan llevar a cabo esa función adecuadamente en su comunidad. Asimismo, el estado tendrá que hacer ajustes a sus procedimientos y proyecciones de manejo de recursos.

Con respecto al proyecto del tren maya, el planteamiento del presidente ya se veía venir. Es una maniobra con aristas políticas, económicas y sociales que puede desembocar en buenos resultados o en situaciones de riesgo social. Será necesario que la sociedad en general, individuos y organizaciones, particularmente de las comunidades indígenas, participe en una discusión respetuosa, intercultural, con equidad de género, en un ambiente seguro, facilitado por conocedores de procesos de construcción de consensos, sin sesgos. Lo contrario no es recomendable, conduce a un escenario de perder-perder.

Existen espacios naturales donde ese intercambio de opiniones ya se está dando, pero el presidente propone adicionalmente otro mecanismo; dio instrucciones al director general del INPI para que organice consultas para saber si la gente está de acuerdo con el proyecto del tren maya o no. Y aquí vale la pena detenernos.

México no cuenta con una legislación interna que regule las consultas, tendríamos que tomar como base el Convenio 169 con la OIT; es decir, debería ser una consulta libre previa, informada, culturalmente pertinente y de buena fe. El contexto de este tipo de consultas es que quien propone el proyecto es el responsable de la consulta, el papel del INPI es de acompañamiento técnico. Pero la propuesta del presidente implica generar otro marco conceptual y metodológico, especialmente cuando señaló que si es necesario se debe hacer consulta comunidad por comunidad, lo cual coincide con lo que varios actores hemos propuesto. Entre quienes seguimos de cerca el tema del tren maya, varios interpretamos la propuesta presidencial como complementaria, previa, a la consulta propiamente para el proyecto del tren. Es decir, la primera consulta es para saber si hay el interés, la aceptación de la idea del proyecto. La segunda consulta, sería para presentar el proyecto del tren y obtener la aceptación de este. Son dos partes de lo mismo, pero de diferente naturaleza.

La primera consulta, que seguramente se haría en muchas comunidades, requiere información relacionada con, pero diferente a, la que se necesita para la segunda consulta. En la primera consulta el INPI es quien consulta, en la segunda es Fonatur quien consulta. Si el resultado de la primera consulta no es favorable, no habría condiciones para la segunda. Si el resultado de la primera consulta sí es favorable al proyecto, podría incluso identificar necesidades concretas de información que se debe presentar.

¿Tenemos condiciones y personal preparado, conceptual y metodológicamente hablando, para atender la propuesta del presidente? Sin duda la respuesta es un sí rotundo, pero deben establecerse condiciones para que sean esas personas las que intervengan, lo contrario no es recomendable, sería fórmula para mas problemas sociales.

fjrmay@hotmail.com