Bioculturalidad y conservación

Un terreno teórico, pleno de incertidumbre, incluso hasta el extremo de la confusión

Rafael Robles de Benito
La Jornada Maya

Viernes 15 de noviembre, 2019

Contraponer la perspectiva biocultural a los esfuerzos de conservación de la naturaleza que significan construir áreas protegidas, administradas por el Estado, es proponer un falso dilema, un pseudoproblema, especialmente en un país como el nuestro, donde los espacios mejor conservados y más biodiversos suelen corresponder a los territorios tradicionalmente ocupados por pueblos indígenas.

La reciente discusión generada alrededor de la Reserva de la Biosfera Montes Azules dejó en claro que la bioculturalidad es todavía un terreno teórico, pleno de incertidumbre, incluso hasta el extremo de la confusión y el tratamiento superficial e inmediatista. Es además, como toda construcción teórica, ajeno a la neutralidad, y fácil presa del discurso ideologizado. En estas circunstancias, convertir lo biocultural en una herramienta para la fabricación y aplicación de políticas públicas, es un terreno que se debe transitar con cautela, con disposición a escuchar y confrontar puntos de vista diferentes, y con una actitud claramente incluyente y tolerante.

Surgida de la exploración teórica de los antropólogos físicos (biológicos o evolucionistas) y los antropólogos sociales, especialmente a partir del redescubrimiento del materialismo histórico en los centros de generación de conocimiento de occidente, la perspectiva biocultural intenta dar cuenta del “estar en el mundo” de familias, comunidades, pueblos y naciones, más allá del análisis de su adaptabilidad (vista con los ojos del neodarwinismo); y más allá del análisis de las relaciones y modos de producción, distribución y consumo, hecho como si las condiciones ambientales fuesen meras externalidades.

Se trata de un esfuerzo por generar conocimiento desde la interdisciplina, dando el lugar del saber no solamente a las ciencias “convencionales” o “formales”, también a los saberes propios de pueblos originarios y fruto de mecanismos experienciales.

Construir este terreno, múltiple y diverso, de comprensión y reconstrucción de la realidad, es menos complejo y frecuentemente demanda una enorme paciencia, tolerancia a la frustración y tenacidad alimentada por una sólida claridad de miras, vista ésta como una aguda capacidad para plantear las preguntas correctas.

Reto formidable

Es de por sí un reto formidable tratar este asunto en el marco de los procesos de construcción del saber. Traducirlo en mecanismos de toma de decisiones en cuanto a lo que deben hacer los colectivos humanos para encontrar formas sustentables y resilientes de apropiación de su paisaje es mucho más que un reto intelectual: entraña la responsabilidad de tener entre manos la capacidad de sobrevivencia de comunidades y pueblos, las posibilidades de creación y conservación del bienestar humano, y la conservación del patrimonio natural (ecosistemas, biodiversidad y servicios ambientales) que pueden hacer que estas posibilidades sean realizables.

Si se comparte el sentido de esta reflexión, se entenderá entonces que resulta peligroso reducir la categoría de biocultural a una bandera, una consigna, un mero adjetivo, sin embargo, la tentación de hacer precisamente esto está presente. La bioculturalidad es políticamente “sexy”: propone la inclusión democrática, respalda el respeto a los saberes ancestrales, ofrece vías a la sustentabilidad ambiental y parece sólidamente fincada en la ciencia.

Aunque ha hay otras experiencias de propuestas bioculturales, particularmente en Europa, la primera que se ha establecido en nuestro país es la Reserva Biocultural del Puuc, en Yucatán, que incluye porciones considerables de los territorios de cuando menos cinco municipios del sur estado, en sus límites con Campeche.

Eduardo Batllori Sampedro; la actual directora de la Junta Intermunicipal del Puuc, Minneth Medina García, y los diversos integrantes de múltiples organizaciones académicas y de la sociedad civil organizada, incluyendo organizaciones no gubernamentales de talla nacional e internacional, como Biocenosis, A.C., Pronatura Península de Yucatán, A.C. o The Nature Conservancy), y organizaciones de pobladores locales, no me dejarán mentir ni exagerar, si sostengo que la creación de esta propuesta, su construcción y su operación, han sido un arduo trabajo de cientos, quizá miles, de actores sociales diversos, que es todavía un proyecto en desarrollo que en muchos aspectos requiere todavía de letreros de “Disculpe las molestias que ocasiona esta obra”, y que es todavía un terreno controversial, minado de gestiones por hacer, recursos por obtener, y negociaciones, alianzas y contradicciones que resolver. No es, ni ha sido nunca, una simple ocurrencia, ni un sencillo golpe de decreto.

Condiciones para la resiliencia

La Reserva Biocultural del Puuc es más que un área protegida; incluye, eso sí, zonas sujetas a la conservación, incluso alguna de ellas de carácter privado. Pero se trata más bien de una apuesta novedosa para construir procesos de desarrollo ambientalmente sustentables, económicamente viables, socialmente relevantes y culturalmente aceptables, con base en una profunda valoración del entorno, sus recursos y servicios, pero sobre todo de la capacidad de los residentes locales para construir su paisaje con una visión de futuro, de justicia y equidad, y de reconocimiento de los complejo y diverso como condiciones para la resiliencia.

Llegar de pronto a un sitio, puesto aparte por el estado mexicano con propósitos de conservación, respaldado por la constitución y las leyes mexicanas, y amparado por acuerdos internacionales, como la Reserva de la Biosfera Montes Azules, y decir de buenas a primeras que hay que convertirla en una reserva biocultural, es no tener una clara idea de los que significan ni las reservas de la biosfera, ni las leyes ambientales mexicanas (en las que por cierto no figura la categoría de reserva biocultural), ni mucho menos de los que implica la bioculturalidad.

Otra sería la historia si el planteamiento fuese en términos de revisar el programa de manejo del área protegida y buscar, con los actores interesados (incluidos por supuesto los pueblos originarios y residentes locales), las vías para incorporar en él una perspectiva biocultural, capaz de garantizar la protección de los sistemas, recursos y servicios que salvaguarda, a la vez que forma parte de un paisaje que constituye el territorio escenario donde se desarrollan los pueblos con una clara mirada de solidaridad intergeneracional, y asumiendo la responsabilidad de constituirse en guardianes de valores de alcance global.

Virulentas acusaciones

Estaba escribiendo estos párrafos cuando me encontré con las notas publicadas en la revista Proceso y en este medio, acerca de la postura expresada por las Autoridades de Bienes Comunales de la Zona Lacandona, que en voz de Pepe Chambor lanzan una serie de virulentas, malintencionadas y burdas acusaciones a Julia Carabias y Javier de la Maza, como si ellos dos estuviesen llenando sus arcas con un enorme tesoro proveniente de la selva, en una actitud rapaz de voracidad sin límites.

Estas acusaciones, más allá de mi reacción personal, hija del afecto que profeso a Julia y a Javier (y a la multitud de profesionales de la conservación, muchos de ellos jóvenes valerosos y comprometidos, que han formado y que colaboran en sus esfuerzos) y el conocimiento de su trayectoria profesional y su hondo sentido de la ética, me obligan a sugerir a los lectores un par de acciones elementales, antes de que tomen una posición ante esta controversia: primero, miren los mapas y vean dónde se encuentran las tierras de los que hoy acusan a los conservacionistas, y el estado que en ellas guardan los recursos naturales. Los rastros de la deforestación y el deterioro son evidentes, con sólo echar un vistazo a las imágenes de satélite.

En segundo lugar, no me hagan caso sólo a mí. Revisen las trayectorias de los involucrados, vean qué han hecho, vean los que hacen actualmente. Analicen las cosas por las que pugnan y se esfuerzan.

Mérida, Yucatán
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