El doble discurso de los derechos del pueblo maya

Debemos aprender a dialogar con los mayahablantes y construir juntos el futuro de Yucatán

Rodrigo Patiño*
Foto: Lilia Balam
La Jornada Maya

Viernes 15 de noviembre, 2019

Este 2019 fue proclamado Año Internacional de las Lenguas Indígenas por la ONU, como un acto de sensibilización de la opinión pública sobre la importancia de las culturas, pueblos y lenguas indígenas de todo el mundo, y como una oportunidad para reconocer sus derechos y su importancia en el futuro de la humanidad. Históricamente, muchos territorios indígenas han sido invadidos y explotados, y sus comunidades abusadas, desplazadas o extinguidas, de tal manera que en los últimos años sus derechos han sido reconocidos, principalmente por la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales: 1989), por el Convenio sobre la Diversidad Biológica (1993), por la misma ONU (Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: 2006) y por la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas (2014). En estas declaratorias se reconoce además la importancia de los pueblos indígenas en la conservación de los ecosistemas y el manejo sostenible de los recursos naturales.

En México, país con alrededor de siete millones de habitantes hablando al menos una de las 68 lenguas indígenas reconocidas oficialmente, también se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos indígenas. La Constitución incluye alusiones a estos derechos. Por ejemplo, el 21.5 por ciento de la población nacional se considera indígena, según cifras de 2015 del Inegi, de acuerdo con su derecho a la autoadscripción dictado por el Artículo segundo de la Constitución. Sin embargo, aún existen la discriminación y las malas prácticas en el trato a las comunidades indígenas, su cultura, sus territorios y sus recursos. Muchas veces, esta falta a sus derechos humanos individuales y colectivos es sistemática, consecuencia de una falta de capacitación de los funcionarios gubernamentales, pero también es frecuente el maltrato con dolo desde distintos sectores de la población.

Yucatán representa una de las regiones con mayor porcentaje de población indígena: más del 60 por ciento se considera maya y la población mayahablante representa poco más de la cuarta parte del total estatal. Esta representación indígena no es despreciable en el municipio de Mérida, con alrededor del 50 por ciento de la población autoadscrita como maya y más de 70 mil mayahablantes. Los derechos del pueblo maya son reconocidos en la Constitución estatal, aunque en la práctica se reconocen también muchas deficiencias en la aplicación efectiva de estos derechos. A nivel estatal y nacional, el derecho más ampliamente ignorado es el de la libre determinación. De acuerdo con el Artículo siete del Convenio 169 de la OIT, los pueblos indígenas “deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo”, participando “en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.

Después de tres siglos bajo colonialismo y dos siglos más bajo el régimen federal, y aún después de que México ratificara su participación en el Convenio 169 desde 1990, hace ya casi 30 años, los mayas se enfrentan a una serie de proyectos de gran escala que atentan contra su cultura y su desarrollo próspero. Más de 20 megaproyectos energéticos (eólicos y fotovoltaicos), así como otros industriales y agroindustriales (cultivos agrícolas, porcicultura, cervecera, etc.), han aterrizado desde administraciones pasadas y el actual gobierno federal añadió su propio megaproyecto de tren peninsular. Aunque todas estas propuestas amenazan con afectaciones socioambientales del territorio maya y de sus comunidades, la población nunca ha participado en esta forma de desarrollo que atenta contra su devenir económico, social y cultural.

La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, conformada desde enero de 2018 en respuesta a los megaproyectos energéticos, incluye la participación de personas de 25 comunidades mayas que luchan por su derecho a la libre determinación frente a cualquier megaproyecto que atente contra el territorio y el pueblo maya. Existen otras organizaciones indígenas similares, como U Yich Lu’um, los Guardianes de las Semillas y el Consejo Maya del Poniente, entre otros. Aunque legítimas, estas organizaciones requieren de reconocimiento que dista de ser oficial: las instituciones estatales y federales no han generado mecanismos de participación ni de organización indígenas autónomas, ni han buscado incluirles en sus planes y programas de desarrollo económico. Por el contrario, desde el inicio de su gobierno, en diciembre de 2018, el presidente López Obrador ha optado por la división mediante la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, organizando foros de consulta con comunidades indígenas y designando gobernadores indígenas, todo bajo un marco de gran polémica en cuanto a representatividad y aplicación de ejercicios democráticos auténticos.

Este desencuentro entre organizaciones indígenas oficiales y no oficiales representa el marco propicio, tanto para las instituciones gubernamentales como para las organizaciones no gubernamentales, de buscar intermediarios que hablen en nombre del pueblo maya, lo que genera finalmente mayor polarización y un sentimiento de desconfianza cada vez más tangible. Con posturas que van desde el paternalismo hasta el coyotaje, estos intermediarios vulneran aún más la frágil situación de los mayas de Yucatán. Antes de alcanzar una situación irreparable, es momento de empoderar al pueblo maya mediante el conocimiento de sus propios derechos, la capacitación para lograr una organización auténtica y proponer verdaderos planes y programas desde su propia cosmovisión. Esta gobernanza sólo será posible con el acompañamiento de la academia y el trabajo de base de las organizaciones ciudadanas locales, que deberán dar certeza al uso sostenible del territorio maya y revalorizar su cultura, aprendamos a dialogar con ellos y a construir juntos el futuro de Yucatán.

*Investigador del Cinvestav Mérida, y miembro de Articulación Yucatán.

Mérida, Yucatán
rodrigo.patino@cinvestav.mx