Martes y miércoles, segunda huelga general en Chile

Sebastián Piñera admite violación de derechos humanos en represión a protesta social

Aldo Anfossi
La Jornada Maya

Santiago, Chile
Martes 19 de noviembre, 2019

El presidente Sebastian Piñera reconoció que la policía (Carabineros) pasó por encima de sus propios límites internos durante la represión de las manifestaciones sociales, que suman cuatro semanas en Chile, y que se han cometido violaciones a los derechos humanos.

"Lamentablemente, a pesar del firme compromiso para proteger los derechos humanos, en algunos casos no se respetaron los protocolos (policiales), hubo uso excesivo de la fuerza, abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos", dijo Piñera la noche del domingo, después de cinco días de total ausencia pública.



En el mes transcurrido desde que prendieron las protestas sociales desatadas el 18 de octubre, las cifras oficiales indican que hubo 23 personas muertas, cinco de ellas por disparos de uniformados; más de seis mil 300 detenidos (759 menores de edad) y dos mil 391 heridos (41 por balazos, 964 por perdigones de las cuales 222 tienen heridas oculares y 909 por golpizas, gases lacrimógenos o de otro tipo). El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha presentado 384 acciones judiciales.

La víctima mortal más reciente tuvo lugar el sábado 16, cuando Abel Acuña, de 29 años, aparentemente sufrió un paro cardiaco en Plaza Italia, en Santiago. Hay evidencia gráfica de que cuando los paramédicos buscaban rescatarlo para llevarlo hasta un hospital, su esfuerzo fue abiertamente perjudicado por la policía que reprimía a los manifestantes. El Colegio Médico y el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) confirmaron en un comunicado que las Fuerzas Especiales "agredieron" al equipo médico "a través del carro lanza aguas, gases lacrimógenos y disparo de armas antidisturbios", algo que retrasó la reanimación del paciente". La socorrista que atendía fue herida en una pierna y Abel falleció 15 minutos después.



La violencia policial ha sido implacable y abiertamente animada por la oficialidad superior. Apenas el miércoles 13 se filtró un audio, reconocido como auténtico, donde la máxima autoridad de carabineros, el general director Mario Rozas, hablando a la tropa, les promete impunidad: "Hay algunas cosas que les quiero decir. Tienen todo el apoyo, todo el respaldo, de este general director ¿Cómo lo demuestro? A nadie voy a dar de baja por un procedimiento policial. Aunque me obliguen, no lo voy a hacer", dijo, desatando los aplausos. Carabineros después aclaró que se refería a decisiones sin un previo sumario interno.

Pero la presidencia de Piñera quedará marcada por la dura represión con que respondió a la movilización social. La actuación policiaca y del ejército comenzó a ser escrutada en terreno por observadores del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La semana pasada, en Quito, comisionados de la CIDH reprendieron a representantes del gobierno chileno que justificaban la violencia del Estado.



El presidente, sabedor del riesgo que corre, se comprometió a que todos los casos "sigan siendo investigados para que en función del mérito de la causa puedan ser conocidos y juzgados por los tribunales de justicia". Además de disculparse y ofrecer condolencias, aseguró que dará asistencia "para que la Fiscalía y tribunales cumplan con su función de investigar y hacer justicia".

Prometió que "no habrá impunidad ni con los que hicieron actos de inusitada violencia ni con aquellos que cometieron atropellos y abusos".



También reconoció que el martes 12, estuvo a un tris de sacar al ejercito nuevamente a la calle.

Dudas por constituyente

Para el martes 19 y el miércoles 20 se anuncia una segunda huelga general, convocada por la Mesa del Sector Público que agrupa 16 gremios.

Las manifestaciones entran en su quinta semana y si bien su masividad se redujo, siguen fuertes y lejos de terminar, pese a que el viernes 15 un arco de fuerzas políticas suscribieron un pacto para abrir un camino legal hacia una convención constituyente que redacte una nueva constitución.



Sectores opositores que se excluyeron del pacto y también desde la ciudadanía, hay temor de que el requisito de que los acuerdos y normas sean aprobados por dos tercios de los delegados convencionales, puede frustrar el objetivo de terminar con los enclaves autoritarios incorporados a la constitución pinochetista para consagrar inamovible el modelo neoliberal.

Pero quienes defienden el pacto, sostienen que la nueva constitución se redactará desde una "hoja en blanco", lo cual significa que en aquellas materias sin sumar dos tercios de aprobación, no prevalecerá el contenido actual, sino que serán materias que se legislarán después en el Parlamento y que podrán aprobarse por mayorías simples y no con quórum calificados, como ocurre actualmente.



En la sociedad civil también se expresan urgencias respecto a que la convención constitucionalista sea representativa de la diversidad social de Chile, y que no sea acaparada por la clase política cuyas principales representaciones (parlamento, partidos y parlamentarios) tienen incluso más de 90 por ciento de rechazo y de desconfianza ciudadana.