La Codhey, "es miedosa" para emitir recomendaciones

La idea casi generalizada de que en Yucatán no pasa nada sólo invisibiliza las luchas de la sociedad civil: estudio

Abraham Bote
Ilustración: Archivo
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Sábado 23 de noviembre, 2019

Los derechos humanos más vulnerados en el estado están relacionados con los pueblos indígenas por el despojo de sus tierras, la comunidad LGBT y una latente violencia de género, así lo revela el estudio Derechos humanos en contexto: aproximaciones para la sociedad civil, realizado en Yucatán por la agrupación internacional Elementa DDHH, con el apoyo financiero del Programa para América Latina y El Caribe del Centro Carter y ayuda de agrupaciones y activistas locales.

La idea casi generalizada de que en Yucatán no pasa nada sólo invisibiliza y al mismo tiempo descalifica las luchas de la sociedad civil por tratar de sacar a la luz estos temas; además, tenemos una Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) que es miedosa para emitir recomendaciones.

"Con este estudio quisimos abonar a la lucha de las organizaciones civiles y contrarrestar el discurso que ha invisibilizado esas problemáticas", así lo afirmó Renata Demichelis Ávila, coordinadora de Oficina México de Elementa, al resumir este estudio.

El Estado tiene la obligación de generar una política estatal en materia de derechos humanos.

Yucatán no tiene los niveles de violencia de otros estados del país, pero si no comienzan a atender estas problemáticas mediante la protección y la prevención puede llegar a suceder lo que en otras partes de la república, pues faltan cifras oficiales y de la misma Codhey, advirtió la activista.

Demichelis Ávila indicó que existen acciones y omisiones que vulneran los derechos de las comunidad indígenas y afectan el medio ambiente. "Se prioriza el desarrollo económico sin importar las consecuencias que pueda tener "; subrayó.

Codhey, miedosa

La Codhey documentó 215 quejas por detenciones arbitrarias en 2018, y 187 cometidas por agentes de seguridad pública y se emitieron 18 recomendaciones al respecto; sin embargo, ese organismo "tiene muchísimo miedo" de hacer una clasificación de la tortura y la trata sólo como lesiones o malos tratos.

En la Fiscalía de abril a noviembre del 2019 se abrieron 222 carpetas por tortura, de la cuales 141 aún se encuentran en etapa de investigación. "Estas cifras levantan una alarma". Por lo tanto, el estado tiene el deber de investigar estos actos.

En cuanto a la violencia de género, se maneja la lógica de que "lo que pasa en casa no es responsabilidad del Estado".

También existe una falta de reconocimiento de derechos a la población LGBT, y a los estándares internacionales en la materia y sentencias de la Suprema Corte que exige su reconocimiento, pero que se les niega por influencias de grupos conservadores y religiosos, lo que vulnera el estado laico.

También existe una falta de reconocimiento de derechos a la población LGBT, y a los estándares internacionales en la materia y sentencias de la Suprema Corte que exige su reconocimiento, pero que se les niega por influencias de grupos conservadores y religiosos, lo que vulnera el estado laico.

Conclusión

En resumen, indicó tales problemáticas están invisibilizadas y hay una ausencia de derechos humanos, y estos factores tienen su raíz en el racismo y discriminación que hay en el estado.

Hay que exigir a Rosario Piedra cumpla con sus obligaciones.

La postura de algunos gobernadores y alcaldes de no acatar las recomendaciones de la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, refleja que no les interesan los derechos humanos: reconoció Demichelis Ávila.

Opinó que la confrontación no ayuda en nada, por lo que se debe mirar hacia adelante, dar seguimiento y exigir ahora a la nueva titular que cumpla con sus obligaciones.

Es lamentable todo lo que se ha dado entorno a este tema, las violaciones al proceso, las ilegalidades (la nueva dirigente es militante de un partido), pero ahora es tiempo de pensar hacia adelante y en no perder una institución importante y exigir que cumpla con sus obligaciones como un órgano autónomo y de con- trapeso al gobierno federal.

No importa quien esté a la cabeza del organismo, las recomendaciones deben aceptarse, o estarían en contra de la ley, subrayó.

Recordó que los problemas de seguridad y violaciones de derechos humanos se agudizaron en el sexenio de ex panista Felipe Calderón con su fallida guerra contra el narco.

Grupos religiosos y conservadores, peligro para los derechos humanos

Grupos religiosos y conservadores representan un peligro para los derechos humanos, por sus posturas y discursos contra personas que no comparten su punto de vista, indicó la activista. "Son una especie como de cuarto o quinto poder que está ahí presente y que es evidente en Yucatán", indicó.

Para la activista, estos grupos además de tener un poder económico elevado, también tiene relación e influencia con políticos que comparten los mismos valores.

Durante las dos veces que se ha rechazado el matrimonio igualitario en el estado, hubo presencia de grupos religiosos y conservadores en el Congreso Local, en ambas ocasiones se ha visto a gente rezando en el recinto y han externado sus "felicitaciones" a los legisladores por negar este derecho a un grupo de la población y han convocado a marchas donde han advertido de retirar el voto a quienes avalen el matrimonio igualitario o la despenalización del aborto.

Sobre este tema, la activista en derechos humanos, opinó que la presencia de estos grupos no sólo está mermando el tema de derechos humanos , sino realmente incide en una agenda legislativa y política que implica no cumplir con las obligaciones en pro de la ciudadanía.

Ante esta situación y la ausencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) dijo que las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, en general, deben unirse más para hacer frente a estos grupos conservadores. “Es fundamental el trabajo de la sociedad civil; nos queda una exigencia: alzar la voz, estar denunciando estas prácticas que implican la vulneración de los derechos humanos"; subrayó.

Conservadurismo

Por otra parte, el estudio Derechos humanos en contexto: aproximaciones para la sociedad civil, realizado por la agrupación en Yucatán, el conservadurismo de las altas esferas gubernamentales permea en las políticas públicas y el actuar de funcionarios públicos fomenta la discriminación hacia ciertos sectores de la población.

Asimismo, señala que la presencia y fortaleza de esos grupos se hace evidente en los múltiples intentos para frenar derechos y temáticas como el enfoque de género (específicamente en el ámbito privado), el matrimonio igualitario y la protección de la comunidad LGBT+. "Sus esfuerzos han permeado en la agenda legislativa de la entidad, lo que ha impedido avanzar en la protección de derechos a la par de otros estados y con base en los estándares construidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los órganos internacionales y regionales de protección, de los cuales México es parte".