Deportó EU a 205 mil mexicanos al 18 de diciembre

Repatria a 121 mil 825 extranjeros procedentes del Triángulo Norte de Centroamérica

Fabiola Martínez
Foto: Ap
La Jornada Maya

Ciudad de México
Domingo 22 de diciembre, 2019

Estados Unidos intensificó este año la deportación de migrantes, tanto de mexicanos como de personas procedentes de Centroamérica que transitaron por nuestro territorio, de acuerdo con cifras oficiales y estimaciones de la Secretaría de Gobernación (SG).

Igualmente, el gobierno de México reforzó la contención de personas en la frontera sur y durante el periodo enero-noviembre presentó ante la autoridad migratoria –y por tanto se detuvo su paso– a 179 mil 335 personas, la mayoría procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador, en ese orden, naciones que constituyen el Triángulo Norte de Centroamérica. De ellos, 117 mil 689 migrantes (65.6 por ciento) fueron devueltos a su lugar de origen.

En cuanto al primer punto, que alude a nuestros paisanos, los datos de la SG, obtenidos por La Jornada, indican que del primero de enero al 18 de diciembre del año en curso fueron repatriados 205 mil 168 mexicanos, cifra superior a la de todo 2018, cuando fueron devueltos 203 mil 669 paisanos.

Es así que la cifra de 2019 será superior al registro de 2017, primer año de gobierno del presidente Donald Trump, y estará al mismo nivel de 2016, último periodo de la administración de Barack Obama, caracterizada por aplicar medidas rigurosas a los mexicanos, incluso en contra de quienes vivieron por décadas en el vecino país.

Salvo una ligera reducción en el primer año de la administración de Trump, Estados Unidos ha mantenido en el lustro reciente una tendencia al alza de deportación de paisanos, la cual se confirma este año.

A su vez, la administración de Donald Trump repatrió de enero a noviembre de 2019 a 121 mil 825 personas originarias del Triángulo Norte de Centroamérica, que transitaron por México, lo cual significa un aumento de 28 mil 525 casos, 27 por ciento más que en 2018.

Lo anterior se muestra en estimaciones de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la SG, elaboradas con base en la Encuesta Sobre Migración en la Frontera Sur 2018-2019.

En el caso de los deportados procedentes de Centroamérica, la citada encuesta indica que la mayoría de las personas en movilidad tienen educación básica: 45 por ciento tienen la primaria, 30 de cada 100, secundaria y 19 por ciento preparatoria. De todos los deportados de esa región, 4 por ciento no tenía escolaridad y únicamente 2 por ciento manifestó tener estudios de nivel licenciatura.

El mayor incremento se dio de personas de nacionalidad hondureña, con 44 por ciento. Asimismo, de cada 10, cinco vienen de Guatemala, cuatro de Honduras y uno de El Salvador. Por género, nueve de cada 10 son hombres, y 67 por ciento tiene entre 18 y 29 años.

Al flujo de individuos en tránsito por nuestro país debe añadirse a 58 mil 579 solicitantes de asilo, igualmente la mayoría centroamericanos, que desde el 29 de enero pasado son retornados a México, a esperar respuesta a sus procesos en las cortes estadunidenses.

Aunque el gobierno mexicano considera lo anterior como una medida unilateral, impuesta por el vecino país, ha continuado con la recepción por razones humanitarias.

El 7 de junio pasado firmó un acuerdo con Estados Unidos para contener el flujo migratorio procedente del Sur que busca internarse en territorio estadunidense. En este contexto, y aduciendo cuestiones de seguridad y protección a los extranjeros, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha reforzado la vigilancia en el sur, con la participación de 6 mil elementos de la Guardia Nacional, confirmó a este diario el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño.

El funcionario explicó que en el primer año de la actual administración sí hubo una emergencia, especialmente por el aumento en el tránsito de menores de edad, aunque aseguró que esta situación ya está controlada.

–¿Qué se debe hacer ante el flujo migratorio?, se le preguntó.

–Seguir cumpliendo la ley para que transcurra la movilidad ordenada, segura y regular, así como darles condiciones y alternativas bajo una política migratoria con respeto a sus derechos humanos.

Subrayó que el acuerdo del 7 de junio es sólo un convenio para la colaboración entre las dos naciones.