Megaempresarios del sol y viento

La demanda de energía eléctrica en la península de Yucatán se ha incrementado

Abelardo Rodríguez
Foto: Twitter @CFEmx
La Jornada Maya

Lunes 20 de enero, 2020

El Estado mexicano podría empujar agendas de desarrollo peninsular sólidamente sustentadas. La realidad social y medioambiental en la península ha rebasado las instituciones que por definición se abocan al manejo sustentable del territorio y sus recursos naturales, y no es claro el rumbo para resolver los conflictos prevalecientes. Para apoyar mi aseveración utilizo narrativas del sector eléctrico durante tres sexenios de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como la institución precursora de proyectos de alto impacto.

La demanda de energía eléctrica en la península de Yucatán se ha incrementado con el crecimiento económico y demográfico. Este medio ha publicado investigaciones acerca de los megaproyectos de energía renovable (sol y viento) asociados a conflictos territoriales y ambientales entre las comunidades mayas, campesinas y los megaempresarios apoyados por agencias gubernamentales en aras de una economía menos dependiente de los hidrocarburos.

A pesar de los esfuerzos de los últimos 20 años para institucionalizar la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en México los resultados no han sido satisfactorios.

Desde 2006 la Semarnat reconoce que la toma de decisiones en el desarrollo económico de México ha sido elaborada sin una incorporación real de aspectos medioambientales en la planeación del desarrollo. En una nota anterior mencioné que la Semarnat y la CFE sólo han implementado dos EAE en el norte del país (2009-2011); sin embargo, han transcurrido tres sexenios (2001-2018) y lo que va del presente sin Planes Nacionales de Desarrollo sustentados por EAE o alguna otra metodología alternativa.

Juan Tejeda González y colaboradores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (Journal of Environmental Assessment Policy and Management 16(2), 2014), aseveran que la investigación en EAE no ha provisto un procedimiento claro de cómo implementarla a los abogados y autoridades del Estado mexicano. Los pocos estudios elaborados en México acerca de cómo implementar EAE se han orientado exclusivamente a la evaluación ambiental de los programas a nivel federal tomando en cuenta el enfoque de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Los autores mencionan que se requiere un enfoque de EAE que sea flexible, inclusivo y adaptativo, pero no existe investigación en este tema.

El periodo azul de la EAE en México

Desde 2012, la abogada Brenda Ahumada Cervantes y colaboradores de la Universidad Autónoma de Baja California, propusieron modificar la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente (LGEEPA) para incluir la EAE pero esto no se ha implementado, ya sea porque no se integran adecuadamente las siete fases propuestas por los investigadores con el marco jurídico de la LGEEPA (como sugieren Tejeda González y colaboradores), o bien obedece a factores desconocidos. No obstante, la Ley de Transición Energética (LTE) publicada a finales de 2015 incluye a la EAE como un requisito para los proyectos de energía renovables de alto impacto; 17 meses más tarde, la EAE se omite en el Decreto del Reglamento de la Ley de Transición Energética (RLTE) publicado en mayo de 2017. La progresión de incluir a la EAE en la LTE y su regresión al omitirse del RLTE merece una investigación exhaustiva pero no explica la omisión institucional de la Semarnat y la CFE.

Durante este periodo azul o de aletargamiento institucional en el que parece haber prevalecido la filosofía de “todo va bien”, típico del Peñanato y predecesores.

Hasta la fecha, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat no ha avanzado en la implementación de la EAE en proyectos regionales para abordar efectos acumulativos y sinérgicos en el subsector de energías renovables, entre otros.

Desde las trincheras peninsulares

Durante la Sesión de Observaciones y/o Propuestas en la “Reunión Pública” convocada por la Semarnat acerca del Proyecto de “Ampliación del Parque Eólico Tizimín”, el pasado 21 de noviembre, con la participación de miembros de la comunidad, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya-Múuch Xíinbal y Articulación Yucatán, sugerí a la dependencia federal considerar lo siguiente:

Recuperar el rumbo que había tomado la Secretaría en la primera década del Siglo XXI que culminó con dos EAEs en colaboración con la CFE.

Usar la EAE, no solamente para proyectos del sector eléctrico, sino incluir otros sectores que impactan el medio ambiente regional y nacional.

Apoyar la inclusión de la EAE en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente. Esto se propuso desde 2102 pero no se conocen las razones por las cuáles esto se ignoró por el Estado Mexicano y si así fue, cuál fue la alternativa sugerida.

Los proyectos de energía renovable en la península de Yucatán brindan la oportunidad de dar continuidad a las iniciativas previas de la Semarnat-CFE, pero con un espíritu renovador, incluyente, que tome en cuenta los aspectos bioculturales y por ende contribuyan a la sustentabilidad.

Algunos ciudadanos interesados en colaborar al enriquecimiento de los procesos de formulación, diseño y evaluación de los proyectos de desarrollo antes de su ejecución, percibimos que las instituciones gubernamentales demandan aprobación a priori, como acto de fe, ofreciendo como argumento de que “ahora las cosas se hacen de una manera diferente”. Nos gustaría que en este 2020 se demuestre que esta percepción es equivocada o bien que se presente la apertura para un diálogo productivo sobre el desarrollo sustentable.

Consultor

rlabelardo@gmail.com