Pandemia del COVID-19, una "amenaza laboral" para millones de mexicanos

7.7 millones de personas se quedarían sin empleo

Abraham Bote
Foto: Notimex
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Miércoles 25 de marzo, 2020

La pandemia del COVID-19 que afecta a México y gran parte del mundo, plantea una emergencia en el mercado laboral que coloca a más de 40 millones de mexicanos en una situación de emergencia laboral ante las medidas de mitigación y contención del virus y, sobre todo, ante medidas de ajuste económico que están adoptado empresas privadas.

Para la agrupación Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, la emergencia plantea la urgencia de adoptar medidas que protejan el empleo, el salario y el acceso a los servicios de salud de los mexicanos que aún antes de la crisis sanitaria ya laboraban sin condiciones de trabajo digno.

“La amenaza sanitaria se traduce también en un alto riesgo de incrementar la pobreza y la desigualdad ante medidas de ajuste económico que producen desempleo o reducen ingresos”, advirtió Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la organización ciudadana.

El grupo más afectado, de acuerdo con Gómez Hermosillo, por su condición laboral serían 7.7 millones de personas sin empleo, en la peor situación; además, hay 12 millones de personas que trabajan por su cuenta y 21 millones que trabajan en micro y pequeñas empresas, por lo que les resulta muy difícil aislarse en sus domicilios ya que su supervivencia depende de sus bajos ingresos.

En general, son más de 40 millones en un contexto laboral muy adverso y precario antes del inicio de la pandemia, y se debe considerar que casi 27 millones de personas que trabajan no tienen acceso efectivo a los servicios de salud de la seguridad social. En esa condición están la gran mayoría de quienes trabajan por su cuenta (12.2 millones) y también porque aún teniendo un trabajo asalariado y subordinado se les viola la afiliación obligatoria a la seguridad social (15 millones), subrayó Frente a la Pobreza.

La asociación detalló que gran parte de las personas que trabajan en México viven al día. Entre quienes trabajan con salario y de manera subordinada, casi la mitad, 14.8 millones carecen de ingreso suficiente para mantener una familia. Y entre quienes trabajan por su cuenta, otros 6.1 millones tampoco ganan lo suficiente para adquirir la canasta básica para su familia.

Despidos

Por otra parte, expusieron que está el riesgo del despido sin liquidación. Quienes están subcontratados bajo modalidades de negocios ilegales como el llamado outsourcing o las diversas formas que se usan para no otorgar contratación estable, que son 18 millones de personas con trabajo asalariado, y que por carecer de contrato escrito o permanente pueden ser despedidos sin liquidación alguna por parte de empresas que solo cuidan sus ganancias.

Por lo tanto, Frente a la Pobreza hace un llamado al gobierno para adoptar las medidas urgentes que estén a su alcance para proteger el empleo y el ingreso laboral de los mexicanos que trabajan. También hace un llamado enfático a las empresas a tomar medidas alternas de ajuste económico y no pensar primero y únicamente en el recorte laboral. En esta situación se deben respetar los derechos laborales y no agudizar la precarización del trabajo.

Algunas propuestas de la agrupación son:

1. Recuperación gradual del salario mínimo, para que llegue a ser suficiente para una
familia. El ajuste a mediados de año podría ser una medida razonable a considerar.

2. Medidas de protección a la economía familiar, especialmente para zonas con mayor
rezago social, incluyendo un plan de emergencia con transferencia temporal de
ingresos a quienes pierdan su fuente de trabajo.

3. Plan de integración del sistema de salud para garantizar la atención a todas las
personas (universal) con calidad y equidad (asequible). Ante una crisis como la que
vivimos esto resulta por demás evidente, debiera poderse aplicar al conjunto de los
retos epidemiológicos y no solo al COVID-19.

4. Creación de un sistema de cuidados, tanto para niñas y niños, como para personas
mayores, enfermas o con discapacidad, que posibilite la inclusión laboral de mujeres
y la revaloración de las tareas de cuidado y del hogar.

5. Transparencia y medidas de evaluación del gasto público en lo social, especialmente
para los programas sociales a fin de que se asignen sin discrecionalidad, sin sesgo
político y para garantizar que logren los resultados esperados, ahora que se vuelven
indispensables para la sobrevivencia de millones de hogares.

Edición: Gina Fierro