AMLO: ni pacto, ni deuda

Crisis y planes económicos fallidos

Francisco J. Hernández y Puente
Foto: Presidencia
La Jornada Maya

Jueves 9 de abril, 2020

El 1 de diciembre de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador tomó posesión de su cargo, dejó pasar la inmejorable oportunidad de proponerle a México una reforma hacendaria que, por fin, le diera al país un Estado fuerte y fiscalmente sólido, capaz de dotarlo de instituciones robustas especialmente en materia de salud, educación y protección social.

El bono democrático que el resultado electoral le daba con 30 millones de votos era, sin duda, el momento más propicio para llevar a cabo una de las grandes reformas que México necesita, probablemente la transformación más importante.

Paquete económico 2019

Contrariamente a esa opción, López Obrador propuso para 2019 un paquete de política económica que habría firmado cualquier gobierno de corte neoliberal, un paquete que los mercados recibieron con beneplácito por su sesgo cauteloso y ortodoxo. El argumento central de esa propuesta fue que primero había que revisar la orientación y la estructura del gasto público, para hacerlo más racional, y que su depuración llevaría a la generación de recursos adicionales para dar atención a las necesidades económicas y sociales más apremiantes. Al mismo tiempo, el combate a la corrupción generaría los montos suficientes para hacer crecer la economía, sin necesidad de recurrir al endeudamiento, ni al aumento de tasas impositivas o a la creación de nuevos impuestos. La reforma, por muy necesaria que fuera, se dejaría para después.

Algunos le dimos a ese planteamiento el beneficio de la duda, pero pronto, más temprano que tarde, el ejercicio fiscal de 2019 empezó a mostrar la insuficiencia de la estrategia. Ello, junto a la impericia y la ignorancia en el manejo del gasto público de la nueva burocracia gubernamental generó un desorden en el ejercicio de los recursos que se expresó en recurrentes recortes al gasto. Si bien se privilegió su destino al gasto social con el apoyo a sectores vulnerables, como el Programa de Adultos Mayores y el de Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros, los proyectos de gran escala no pudieron arrancar y la inversión pública cayó a su nivel más bajo de los últimos 20 años.

No era difícil que con ese comportamiento del gasto la economía no creciera, pues no tuvo prácticamente ningún impulso del lado de la demanda. Las exportaciones apenas crecieron gracias a que la economía de Estados Unidos no se desaceleró, pero ni la inversión privada ni el consumo dieron signos de dinamismo como para esperar un resultado diferente. La estimación de que el país crecería al 2 por ciento, rápidamente cayó por los suelos.

A lo largo del año Pemex evidenció su desastre, pese al combate al tráfico ilícito de combustible. La producción de petróleo no aumentó como se esperaba y se mantuvieron congeladas las rondas petroleras que permitirían la participación del sector privado en la exploración y producción de crudo. Las principales calificadoras nos descalificaron.

En julio, el Secretario de Hacienda había renunciado, mediante una carta que hizo pública en su cuenta de Twitter en la que expresaba su desacuerdo con que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se hayan “tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento”…….”Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea éste de derecha o de izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco”. …Y se fue.

Mucho antes de que terminara el primer año de gobierno se sabía, -todos los pronósticos así lo apuntaban-, que la economía no crecería. Los desencuentros entre el sector privado y el gobierno se habían vuelto recurrentes y la inversión privada no se generaba en sector alguno. La desaceleración de la economía mexicana se manifestó en una caída del Producto Interior Bruto (PIB) de -0.1 por ciento durante 2019. En el fondo de todo se encontraba la cancelación del faraónico aeropuerto de Texcoco, la ruptura del poder económico con el poder político…¡la desconfianza, vamos!

Paquete inercial 2020

Al acercarse el cierre del año, la nueva administración envió al Congreso el paquete económico 2020. Nada diferente, ningún cambio, un paquete inercial de política económica que, a pesar de la experiencia de 2019, volvía a reivindicar el superávit del balance ingreso-gasto como dogma doctrinario al más viejo y puro estilo neoliberal. Ningún impulso a la economía que pudiera provenir de un ejercicio del gasto público. No había de donde…..¿ y el combate a la corrupción?....¡ no daba para eso!

Pero ahora sí, en 2020 se echarían a andar los grandes y emblemáticos proyectos del sexenio lopezobradorista: el aeropuerto de Santa Lucía, que ya había iniciado su construcción (10/17/2019), la refinería de Dos Bocas y el Proyecto de Tren Maya, principalmente. La prudente pero a la vez optimista propuesta de crecimiento de 2 por ciento contenida en los Criterios Generales de Política Económica y de una tasa de inflación de 3 a 4 por ciento, como los indicadores duros del paquete, daban cierta esperanza de que una vez que se diera a conocer el Programa Nacional de Infraestructura y de que la inversión pública mostrara signos de alguna dinámica, el sector privado respondería con sus propios recursos canalizados a sectores que pudieran detonar una mínima recuperación que los más optimistas ubicaban en el 1.2 por ciento.

Durante el primer trimestre del año, desde distintas instituciones y foros, volvió la idea de que pronto el país tendría que proceder a una reforma hacendaria de gran alcance, y que eventualmente ésta podría plantearse para el 2021, una vez concluido el proceso electoral de ese año, con una nueva conformación del Congreso.

La crisis

Para esa fecha ya se propagaba por el mundo el COVID-19, incluyendo a México que reportaba sus primeros casos de contagio. Desde entonces, el país viene haciendo frente a una situación sanitaria que se expande poniendo en peligro la salud de la población, con impactos dramáticos en lo social y en lo económico. Más allá del ritmo de contagios y sus secuelas en la salud, la planta productiva del país se ha paralizado parcialmente, y la crisis desatada está afectando el empleo y el ingreso de los grupos más vulnerables.

Aunque hay estimaciones de unos y otros, los efectos de esta crisis son, al momento, inconmensurables para el mediano y largo plazos.

El grupo Nuevo Curso del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en un documento ampliamente divulgado desde fines del mes de marzo señalaba: “La crisis sanitaria tuvo un impacto global inmediato y repercusiones profundas en nuestra economía, que afectarán medios de vida y subsistencia, especialmente para quienes se encuentran en condiciones de pobreza. Esta emergencia excede las dificultades por las que transitamos en otras crisis profundas, e incidirá, además, en el potencial de desarrollo futuro, en la convivencia social y las relaciones colectivas, en la cohesión y otros aspectos vitales de la sociedad mexicana.”

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) señaló en un Informe Especial divulgado el 3 de abril: “La economía mundial vive una crisis sanitaria, humana y económica sin precedentes en el último siglo y que evoluciona continuamente. Ante la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), las economías se cierran y paralizan, y las sociedades entran en cuarentenas más o menos severas, medidas solo comparables a las de situaciones de guerra. Aunque no se sabe cuánto durará la crisis ni la forma que podría tener la recuperación, cuanto más rápida y contundente sea la respuesta, menores serán los efectos negativos.”

Salud y economía

La mayoría de las propuestas formuladas desde distintos sectores de la sociedad coinciden en el señalamiento de que al tiempo que se atiende la prioridad central de protección de la salud, se debe responder de inmediato para amortiguar los impactos económicos y sociales a la vista. Todas coinciden en proteger el empleo y el ingreso, sobre todo de los grupos más vulnerables. Salvaguardar la planta productiva, con énfasis en las Pymes. Mantener la continuidad de los servicios estratégicos, sean públicos, concesionados o privados en todos los órdenes, y apoyar más proyectos de inversión pública, privada y mixta para la recuperación y el apuntalamiento del crecimiento potencial.

El Presidente de México anunció el 5 de abril su muy esperado plan para enfrentar la emergencia económica del coronavirus. Ahí, solo, en Palacio, rechazó enfáticamente las políticas anticíclicas y emitir más deuda para proceder a un gran rescate fiscal. Más bien, planea continuar haciendo más de lo mismo: programas sociales, inversión en la refinería y otros proyectos de infraestructura y más austeridad. Se concentra en acciones encaminadas a apoyar a la población de bajos ingresos, y no en rescatar a las pequeñas y medianas industrias que son la mayoría en el país.

Así que en realidad no anunció un nuevo plan y tampoco hizo un fuerte ajuste económico, tampoco atendió a la propuesta de un gran pacto de unidad para enfrentar la situación. Su discurso decepcionó a muchos, entre otros a los dueños de negocios que estaban esperando un apoyo más decisivo. Contrario a lo que está ocurriendo en otros países, casi en todos, en México López Obrador atenderá la crisis con más disciplina fiscal y más austeridad. Ahora seremos un pueblo pobre, con un gobierno igualmente pobre. Así como en 2018 desaprovechó la oportunidad de emprender una gran reforma hacendaria, ahora desaprovecha la oportunidad de optar por un gasto deficitario que salve a México. Su foto de Palacio es elocuente, el Presidente gobierna solo.

*Profesor de la UNAM. Correo: fjhyp11@gmail.com

Edición: Ana Ordaz