Financiarización de la naturaleza, Tren Maya y ecología política

Asumir que por tratarse de un fideicomiso se desatará un proceso especulativo es confundir el remedio con el trapito

Rafael Robles de Benito
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Jueves 9 de abril, 2020

Hace algunos días apareció en La Jornada un artículo firmado por Violeta R. Núñez, de la UAM Xochimilco, que invita a la reflexión, a la sombra de varios asertos que generan polémica, y que pueden ser objeto de lecturas diversas. Como se trata de temas con los que lidio cotidianamente, aún desde el encierro cuarentenario, creo que merece la pena dedicarle algunos párrafos, en parte para aclarar mis propias ideas, y en parte para provocar a quien generosamente decida leerlos, a que discuta lo dicho, a ver si entre todos podemos construir algo parecido a la coherencia.

Lo primero que me llamó la atención fue que la doctora Núñez citase el concepto de “financiarización de la naturaleza”, según el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM), que sostiene que “por ‘financiarización de la naturaleza’ se entiende el proceso por el cual el capital especulativo toma el control de los bienes y componentes de la naturaleza y los comercializa por medio de certificados, créditos, acciones, bonos, etcétera, con el fin de obtener las mayores ganancias posibles gracias a la especulación financiera”. Más allá de lo horripilante del término, que patea inmisericordemente al castellano llano, hay que considerar que la organización que así lo define es un colectivo internacional que, amparado en la consigna de que defiende los derechos de los pueblos indígenas que habitan los bosques tropicales, se opone a toda iniciativa, venga de donde venga, por contribuir a la conservación y al manejo sustentable de los bosques tropicales, si lo hace con base en la utilización de los instrumentos económicos que actualmente privan en el mundo.

Confunden, al verlo a través de las gafas oscuras de la ideología, las herramientas con los propósitos, y al oír mercado interpretan despojo, y al leer financiamiento interpretan cooptación o corruptela (aunque a la vuelta de la página expliquen sus propios esfuerzos por obtener dinero para funcionar y permanecer). Dicho de otro modo, no es necesariamente cierto que certificados, créditos, acciones, bonos y demás instrumentos sirvan exclusivamente para la obtención de mayores ganancias para las siniestras fuerzas de la especulación financiera. Son sólo eso: instrumentos, y como tales pueden ser utilizados por las comunidades rurales y pueblos indígenas (pregúntenselo, si no lo creen así, a los Yurok en California), o por los gobiernos subnacionales, o por éticamente pulcras organizaciones no gubernamentales conservacionistas.

Por supuesto, al decir esto creo dejar claro que me parece una insensatez considerar así sin más que las estrategias de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por degradación y deforestación son sucias maniobras para despojar a los indígenas de sus tierras, para privatizar el carbono, o para pagar pepitas y cacahuates para seguir contaminando. Pero me estoy desviando del punto. Lo que importa ahora es la pregunta de la doctora Núñez: ¿en el sureste se plantea la financiarización de la naturaleza en el territorio maya, a través de la construcción del mentado “Tren Maya”? Francamente, creo que pensar de esta manera sobreestima la capacidad de abstracción, el conocimiento de ecología política, o los alcances para examinar sistemas complejos de quienes han diseñado el proyecto, y de los funcionarios locales que esperan recibirlo con los brazos abiertos, con la esperanza de que venga cargado de oro y plata.

Igual me equivoco, y el ferrocarril en efecto puede significar la reactivación de la economía regional, y generar miles de empleos. Si llega a ser así, bienvenido. Lo que sí me parece aventurado es pretender que la creación del FIBRA Tren Maya implique necesariamente un proceso de financiarización de la naturaleza. En primer lugar, creo que, más allá de los discursos y las presentaciones en Powerpoint del señor Jiménez, sabemos muy poco (casi nada, de hecho) acerca de lo que se pretende hacer más allá de las vías, tanto desde el punto de vista inmobiliario, como de ordenamiento del uso del territorio y sobre todo, del impacto ambiental que tendría la construcción de estaciones, patios de maniobras, comunidades y sus servicios, y el largo etcétera de obras que la operación del proyecto entrañará.

Adelantar entonces que “este será el negocio permanente, y es allí donde el capital especulativo tomará el control de los bienes de la naturaleza y los comercializará”, y que “aquí iniciará el proceso de la financiarización de la naturaleza”, me parece que es aventurar una conclusión a partir del vacío de información. Asumir que por tratarse de un fideicomiso (el instrumento) se desatará un proceso especulativo y depredador (el propósito), es confundir el remedio con el trapito. Si se revisan mis contribuciones anteriores acerca del proyecto Tren Maya, se verá que no soy precisamente un defensor a rajatabla, sino que veo en él un proyecto sin proyecto, lo que hace imposible emitir juicios acerca de sus posibles impactos ambientales, sociales económicos, absurdo apoyarlo de manera acrítica, y ridículo pensar que sin duda traerá para todos la posibilidad de hacer del sureste mexicano una nueva Jauja, aunque parece ser que ya hay quienes preparan la longaniza para amarrar a sus perros.

Por otra parte, el patrimonio natural del sureste mexicano, la riqueza que implican sus ecosistemas, la biodiversidad que alojan y los servicios ambientales que brindan, aún si los medimos con parámetros típicamente financieros, no se convierte automáticamente en capital especulativo al paso del tren. Sí puede significar un impacto importante, y en efecto que intereses privados se hagan con porciones más o menos relevantes de este patrimonio, excluyendo a los pueblos originarios y comunidades locales. Esto es algo que habrá que vigilar, combatir y evitar. Pero no dejemos que el fantasma de un proyecto que aún no lo es nos ciegue a otras tareas que urge continuar, o emprender, relacionadas con el patrimonio natural del paisaje del sureste.

La protección de la riqueza natural de la región deberá por una parte hacer uso de aquellos instrumentos financieros que la doctora Núñez parece satanizar, garantizando que se cuente con las armas necesarias para sostener o incrementar la capacidad de secuestro de carbono en los ecosistemas de la región, se logre capitalizar la presencia de la vasta biodiversidad remanente garantizando su conservación mediante los instrumentos convencionales como áreas protegidas, pero también incorporándola al mercado de los servicios turísticos planteando la existencia de un inexplorado mercado alternativo, y generando redes de valor que permitan incorporar recursos naturales a nuevos mercados justos e incluyentes. Y por otra parte, nada de esto tendrá sentido si no se parte de la premisa de que sólo podrá funcionar con el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos originarios y las comunidades locales, cosa que por cierto es muy diferente a las encuestas a mano alzada a que nos está acostumbrando el frenesí de la 4T.

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Edición: Ana Ordaz