Erosión de playas, prioridad gubernamental

Atención a problemática es necesaria para la economía

Victoria Escareño
Foto: Notimex
La Jornada Maya

Playa del Carmen, Quintana Roo
Viernes 19 de mayo, 2017

El procurador de Protección al Ambiente en Quintana Roo, Miguel Ángel Nadal Novelo afirma que la atención a la erosión de playas es prioridad para el gobierno estatal , motivo por el que se trabaja en coordinación con la autoridad federal ambiental con miras a buscar cómo se atenderá la problemática.

La atención a la erosión de playas “es prioridad, no solamente en el tema de medio ambiente y de la imagen turística, es importante también en la parte económica. Finalmente, todos los que desarrollan actividades en la zona costera generan una importante actividad económica, entonces, desde luego que es una prioridad para el gobierno del estado”. Sin embargo, el funcionario estatal considera que debe realizarse un proyecto integral de recuperación de playas y reiteró que el problema es bastante importante.

“No podemos tener una solución parcial, tiene que ser de manera integral”, motivo por el cual precisó que al trabajar en un proyecto integral se tiene que tomar en consideración a todos quienes están en la zona de costa para que sea realmente positivo el resultado.
Estimó que con los trabajos que en este contexto se están realizando, en lo que resta del año podría tenerse ya una definición al respecto.

Incluso, mencionó que se tienen algunos ejemplos lo que en algún momento se hizo en el municipio Benito Juárez y serían tomados como modelo para ver qué funcionó, qué no y tomar la mejor decisión en ese sentido.

Por otra parte, Miguel Ángel Nadal informó que semanalmente se realizan visitas de inspección para constatar que los proyectos que realizan empresas asentadas en el estado cumplan con la normatividad ambiental.

En este sentido, dijo que ante la dinámica de crecimiento que tienen la Riviera Maya (Solidaridad y Tulum), así como Cancún, la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) realiza visitas de inspección a las empresas que tenían autorizaciones para desarrollar, por ejemplo desarrollos de vivienda y constatar que estén cumpliendo con lo que éstas establecen. “Las que no tienen autorizaciones se clausuran hasta que no demuestren que el proyecto es viable”, señaló el procurador.

Finalmente, mencionó que la PPA está emplazando a todas las empresas que tienen una autorización, pero que de alguna manera no la están cumpliendo, a que eviten ser sancionados con multas que se aplican dependiendo de la gravedad del incumplimiento, las cuales van de los 100 hasta los 20 mil salarios mínimos, “todo conforme a lo que el proyecto representa”.