Fuerzas Armadas, al descrédito

La Resaca 2.0

Normando Medina Castro
Foto: Infoqroo
La Jornada Maya

Jueves 7 de diciembre, 2017

La aprobación de la ley de seguridad interior en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, prácticamente sin discusión, turnada al Senado por encima del rechazo de más de 270 organizaciones ciudadanas nacionales y de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es una muestra de la cohesión del sistema político mexicano para imponer sus intereses aun a riesgo de exhibirse. Esta ley otorga mayores facultades al Ejército y la Marina en el combate al crimen organizado, e incluso, la justificación legal para intervenir en protestas civiles.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió de los riesgos que implica dicho proyecto de ley, así como también lo hizo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad Al Hussein, a través de un comunicado que puede consultarse en el portal del Centro de Noticias de la ONU en español. Su representante en México, Jan Jarab, había manifestado desde el mismo día de la aprobación del proyecto, su preocupación y rechazo, ya que de entrar en vigor, dicha ley no aportará soluciones reales al problema de inseguridad y violencia, además de que carece de controles para las Fuerzas Armadas.

Zeid Raad Al Hussein precisa en su comunicado que la ley de seguridad interior impulsada por el gobierno federal mexicano es un “proyecto muy preocupante” y se corre el riesgo que sus normas puedan aplicarse de forma “amplia y arbitraria”, y podrían debilitar los incentivos de las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones como agentes de la ley.

En nuestro país, donde no pasa nada y se desdeñan desde el poder las voces ciudadanas, organizadas y no organizadas, la reacción desfavorable hacia la ley de seguridad interior ha recibido poca atención por parte de los medios de comunicación. Éste proviene incluso de expertos en la materia. La guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado iniciada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, emanado del Partido Acción Nacional, ha sido continuada por el gobierno del priísta Enrique Peña Nieto, en el mismo tenor, con el Ejército y la Marina desempeñando tareas policiacas que constitucionalmente corresponden a las autoridades civiles. Los resultados obtenidos son de más inseguridad y más violencia. En los seis años de Calderón Hinojosa y lo que va del sexenio de Peña Nieto, la cifra de asesinados es de más de 235 mil. La ley de seguridad interior que quieren imponer implica la militarización del país, lo cual debilita la democracia y restringe en los hechos los derechos civiles.

Ni el Ejército ni la Marina están preparados para patrullar las calles y realizar tareas de investigación sin que existan “daños colaterales”, lo cual significa la muerte de civiles inocentes. Las Fuerzas Armadas de México deben desempeñar únicamente las funciones que la Constitución les confiere y no exponerse al descrédito institucional por mantenerse ocupadas en tareas civiles totalmente ajenas a su naturaleza castrense. Y menos deben inmiscuirse en asuntos políticos partidistas como hicieron los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Francisco Vidal Soberón, al criticar una opinión de Andrés Manuel López Obrador, virtual candidato a la Presidencia por Movimiento Regeneración Nacional, respecto a una eventual amnistía para la pacificación del país.

Es necesario no perder de vista la ligereza con que los diputados federales aprobaron en lo general y en lo particular la ley referida; “fast track”, sin profundizar y sin una sana discusión. Votaron como por consigna. Muchos ni siquiera asistieron a la sesión. Con el voto a favor de menos de la mitad, aunque todos los priístas votaron a favor.

Varios de los presidentes municipales de Quintana Roo actúan ahora con miras electorales, pese a no haber manifestado sus intenciones de reelegirse para evitar las críticas anticipadas. Los tiempos se acortan. El 14 de diciembre deberán estar definidas las alianzas. Ese día se vence el plazo establecido por el Instituto Nacional Electoral (INE) y los priístas tienen prevista esa fecha para el inicio de la precampaña de su abanderado a la Presidencia, que conluirá el 11 de febrero, ya que el 18 del mismo mes será su jornada electiva. Todavía no se definen las alianzas e incluso algunas, como el Frente Ciudadano por México, formado por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) han tenido problemas por la selección de su candidato a la Presidencia, donde finalmente parece que tendrán las precandidaturas del panista Ricardo Anaya y el perredista Miguel Ángel Mancera.

El contexto nacional impactará en las posibilidades de reelección de algunos de los actuales presidentes municipales quintanarroenses. El Panal, sin el PRI, no tendría ninguna posibilidad de retener los municipios de Lázaro Cárdenas y Bacalar.

Remberto Estrada, presidente municipal de Benito Juárez (Cancún), del Verde Ecologista de México, vería muy disminuídas sus posibilidades de reelección sin las estructuras del tricolor. Por cierto, el edil cancunense ordenó suspender los trabajos de la construcción del hotel Gran Solaris en las inmediaciones de Playa Delfines, lo cual no creemos será definitivo ya que en diferentes ocasiones ha manifestado que esa obra es totalmente legal, por lo cual se le otorgaron los permisos correspondientes. Playa Delfines es uno de los pocos espacios públicos que quedan en la zona hotelera de Cancún, lo que generó el repudio de la ciudadanía por la construcción de un enorme hotel en el lugar.

De filiación felixista-borgista, la presidente municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, a pesar de que la inseguridad y la violencia en su municipio parecen fuera de control busca su reelección. La misma intención tiene el alcalde borgista de Isla Mujeres, Juan Carrillo, no obstante su gris desempeño, hasta el momento, no se ve algún opositor fuerte en su camino.

Hasta la próxima!!!

[email protected]