Consulta dirá lo que ya sabemos, afirma socio de Uber

Posición de la plataforma es negociar con el Sindicato de Taxistas

La Jornada Maya
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán

Chetumal, Quintana Roo
Domingo 15 de abril, 2018

Tras considerar innecesaria y hasta absurda la consulta pública que hará el Ieqroo el próximo primero de julio entre la ciudadanía, David Velázquez, socio de Uber, aseguró que la consulta ciudadana será otra medida que avale el sentir de la sociedad y que se refleje en la Ley de Movilidad, que dejó abandonada el diputado Fernando Zelaya, al pedir licencia al congreso del estado para contender por la presidencia municipal de Othón P. Blanco, por la coalición PAN-PRD-Movimiento Ciudadano.

Lo anterior, afirmó, dado que la “gente está harta del mal servicio, de que la roben e inseguridad que prestan los sindicatos de taxistas en Quintana Roo”.

Dejó en claro que, de no lograr 35 por ciento de los votos a favor, requeridos por la autoridad electoral de parte de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, el día que emitan su voto como parte del proceso electoral concurrente volverán a recabar más firmas, de tal modo que sean aprobadas las plataformas digitales por parte de los diputados estatales y se pueda ofrecer el servicio sin que se les persiga o sancione a los operadores y taxistas de los mismos.

Al respecto, citó que el pasado 7 de diciembre pasado, los socios de Uber entregaron esas diez mil firmas al congreso del estado, en la que se pedía al gobierno estatal que dejara operar a la plataforma digital y que los usuarios pudieran contratar el servicio de taxi mediante aplicaciones de internet.

“Realmente, la consulta pública no nos va a venir a decir más de lo que ya sabemos. Los ciudadanos de Cancún necesitan las aplicaciones, y no sólo de Uber sino de otras más que dan servicio de taxi”.

En cuanto a la declaración emitida la semana pasada por los líderes de sindicatos de taxistas de que no permitirán que opere Uber y que el día de las elecciones no prestarán el servicio, David Velázquez aseguró que la amenaza no va tanto en contra del gobierno de Quintana Roo o Uber sino más bien de la sociedad, a la que le dan mal servicio y les cobran lo que quieren.

Dijo que Uber decidió suspender a fines de diciembre pasado el servicio de la plataforma para proteger la integridad física de los operadores o socios, ante las agresiones y amenazas sistemáticas y recurrentes de los taxistas, con apoyo de inspectores de la Secretaría de Infraestructura y Transporte del Estado (Sintra), más que esperar a que fuera aprobada la Ley de Movilidad y operar de manera regular.

Y descartó que los martillos no trabajarán el domingo primero de julio, día de las votaciones, pues tienen que completar la liquidación del día, y sus líderes sindicales o concesionarios de las placas no les perdonarán que no entreguen la cuenta.

Llegar a un acuerdo con el sindicato

Resaltó que la posición de los socios de Uber es la negociar con el Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, para determinar cuántas unidades operará la plataforma digital y evitar la saturación en las calles de Cancún, pues los taxistas son los que resultarán afectados.

“Al final de cuentas nos beneficiará a ambos lados. Si los del sindicato permiten que Uber meta infinidad de unidades, los únicos afectados serán 16 mil martillos y no la ciudadanía, porque muchos taxistas y martillos se han pasado a la plataforma digital, ya sea que trabajen medio tiempo en cada una o han comprado su propio vehículo y convertirse en socios y dejar de pagar diez pesos diarios a sus líderes sindicales”.

Recordó que hasta diciembre pasado Uber tenía registradas dos mil 500 unidades, aunque trabajan al día mil vehículos en turnos de ocho horas.

Confesó que de manera independiente, alrededor de 40 propietarios de unidades están ofreciendo el servicio a turistas y gente local, pues los buscan luego de que Uber decidió a fines de año suspender la aplicación digital en Cancún.

“Hay gente que sigue pidiendo el servicio, ya no por parte de la plataforma pues son servicios por fuera, afortunadamente y desafortunadamente, ya que ha pasado bastante tiempo y la Ley de Movilidad no se ha aprobado”.


Confesó que es un riesgo el que los detengan Sintra o la Dirección Municipal de Tránsito, pues por reincidencia la multa será de 120 mil pesos, pero la gente tiene que pagar el automóvil que compraron.