Las herencias de los gobiernos

Ante la punta del iceberg de la corrupción en Yucatán

Eduardo Lliteras Sentíes
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Miércoles 26 de septiembre, 2018

En meses pasados habíamos advertido que las autoridades yucatecas tenían pendiente solventar 2 mil 271 millones, 800 mil pesos de recursos federales, ejercidos en forma indebida de 2012 a 2016, según informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La ASF afirmaba que la administración encabezada por Rolando Zapata Bello registraba un probable daño a la hacienda pública de Yucatán por 825 millones 540 mil pesos. Además, la ASF descubrió que se infló el costo del Palacio de la Música casi al doble de lo presupuestado, entre otras numerosas irregularidades.

Según nueva información del SAT (Servicio de Administración Tributaria), el gobierno de Yucatán, encabezado por Rolando Zapata Bello, adjudicó de forma directa contratos millonarios a empresas que no tenían la experiencia ni el conocimiento para proveer los servicios para los que fueron contratados. Se trata de empresas dedicadas a la construcción, al comercio de mariscos y hasta plomería, pero que fueron contratadas por la Secretaría de Salud de Yucatán en el 2015, como revela un reportaje publicado por el medio de información Animal Político, de Arturo Ángel. Señala el portal que “la administración del gobernador priista Rolando Zapata Bello –que concluye el próximo domingo– transfirió más de 150 millones de pesos destinados al estudio sobre enfermedades graves y otros servicios del sector salud, a un grupo de 58 compañías que no tenían ni los especialistas ni la experiencia para realizar ese trabajo”. Se trata de un esquema semejante al utilizado por el ex gobernador priísta de Veracruz, Javier Duarte, para desviar recursos públicos utilizando empresas fantasma o de fachada.

En dicha madeja de empresas contratadas a dedazo por el gobierno del priísta Rolando Zapata, participaron un grupo de notarios públicos, los que avalaron la corrupción.

Se trata de empresas que según el SAT están constituidas legalmente pero que simulan las operaciones que facturan, es decir, fantasma.

Es evidente que estamos únicamente ante la punta del iceberg de la corrupción en Yucatán y del daño al erario público que deja la administración saliente. Pendiente, para medios de comunicación en Yucatán y para las autoridades entrantes –y de la famosa “fiscalía anticorrupción”– tanto federales como estatales, está ventilar, procurar y favorecer las investigaciones para deslindar responsabilidades de los diversos niveles de autoridad y de los funcionarios públicos que se marchan enriquecidos en el tiempo récord de seis años.

Investigación lista para la Fiscalía Anticorrupción

El reportero de Animal Político afirma que en el colmo, el gobierno de Rolando Zapata Bello no realizó concurso público alguno, sino que se adjudicaron a dedazo los jugosos y millonarios contratos: “Los recursos públicos no fueron entregados a estas empresas bajo algún esquema de competencia. Por el contrario, se hizo a través de supuestos contratos adjudicados de forma directa a estas empresas, violando requisitos legales y montos máximos que establece la ley en ese estado para adjudicar contratos sin licitación”, revela.

Dice Animal Político que al revisar los perfiles de las compañías que recibieron los pagos se pudo establecer que “es una situación similar a la que se ha presentado ya en otras redes de empresa fantasma que reciben recursos públicos, como la documentada por este mismo medio en el caso de la gestión del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte”.

Las 58 compañías contratadas directamente no están especializadas en temas de salud, además, la mayoría ya no opera (o nunca operó realmente) en sus direcciones fiscales.

Como hemos informado, precisamente el sector de salud estatal se encuentra en el ojo del huracán por la mala atención médica, la falta de doctores, los hospitales sin terminar o concluidos que funcionan sólo como clínicas de primera atención que canalizan a las personas enfermas a Mérida, donde la saturación de los servicios de salud es de quinto mundo, con pacientes en pasillos, sin aire acondicionado, sin medicinas o atención médica adecuada.

No olvidemos la cámara hiperbárica abandonada en el hospital O'Horán, donada por el banco Banorte y dejada inconclusa desde la administración de Ivonne Ortega Pacheco. El aparato costó más de 80 millones de pesos y nunca ha podido ser aprovechado por el pueblo yucateco, afligido de diabetes, hipertensión y tantas otras enfermedades vinculadas a la pobreza y mala alimentación.

De hecho, como se recordará el hoy gobernador electo, Mauricio Vila Dosal, hizo del tema de la Salud en el estado, una de sus principales banderas de campaña. Se comprometió con los ciudadanos y también con los trabajadores del sector.

Por lo pronto, queda claro que el gobernador electo se va a encontrar con más problemas de los reconocidos durante la campaña, y los que apenas han comenzado a ser ventilados en los medios de comunicación.

Seguramente habrá más “sorpresas” incluido el flamante hospital materno infantil, utilizado como escenario electorero durante la campaña reciente y como elemento propagandístico durante el último informe de Rolando Zapata Bello, con todo y mujeres en labor de parto llevadas de noche para servir de telón de fondo para la transmisión “sin costo” del gobernador saliente.

En su momento informamos oportunamente y en exclusiva de las maniobras realizadas a escondidas por el secretario de Salud, Jorge Eduardo Mendoza, para deshacerse del aparato y regalarlo al estado de Veracruz, que se evitó gracias a nuestra denuncia.

El gobierno entrante se encontrará con problemas que no están siendo abordados en la famosa transición de gobierno, y que deberían ser detectados en la entrega-recepción, para no convertirse en cómplices de irregularidades y actos de corrupción.

Mérida, Yucatán

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