Sanear el gasto, antes que aumentar impuestos

Política económica que marcará el rumbo del primer año de la administración

Francisco Hernández y Puente
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Jueves 6 de diciembre, 2018

Una vez que el presidente López Obrador ha tomado posesión de su cargo, tiene ahora escasos 15 días como máximo para enviar al Congreso de la Unión, para su discusión y aprobación, el paquete económico 2019, de acuerdo con lo que establece la normatividad en la materia. Durante los próximos días y semanas, prácticamente hasta que termine el mes de diciembre, el tema que ocupará la atención de la opinión pública será el del Presupuesto para el año fiscal 2019.

El tradicionalmente llamado paquete económico, según la jerga hacendaria, no es otra cosa que la propuesta de política económica que el gobierno federal le plantea al país para el primer año de gobierno. Se integra de tres documentos: 1) Criterios Generales de Política Económica; 2) la Iniciativa de Ley de Ingresos; y 3) el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. En el primero se plasman los propósitos, los objetivos y las metas de carácter macroeconómico que se pretenden alcanzar en el año. En el segundo, se formula la propuesta recaudatoria del gobierno federal para conformar el monto de ingresos presupuestales que pretende obtenerse por medio de las distintas fuentes tributarias, no tributarias y de la venta de bienes y servicios públicos. En el tercero, se consigna el gasto que realizará el gobierno para atender sus responsabilidades en materia de infraestructura e inversión física en general, servicios públicos y sociales (Educación, Salud, combate a la pobreza, agua, pensiones, entre muchos otros), servicio de la deuda y transferencias a gobiernos estatales y municipales.

Se trata de la definición de política económica más importante que marcará el rumbo del primer año de la administración que inició el 1 de diciembre.

Varios meses ha tomado al equipo que encabeza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la tarea de reestructurar el presupuesto para hacer un planteamiento que atienda a los propósitos de reorientarlo hacia un mayor gasto social, de acuerdo a lo que reiteradamente ha señalado el propio titular del Ejecutivo.

Gastar bien

Algo que hay que destacar es que el énfasis del nuevo equipo hacendario no está en el ingreso (recaudar más), sino en el gasto (gastar bien), a pesar de que somos un país con un gobierno que recauda muy poco. Los ingresos tributarios en México como proporción del PIB representan el 17.4 por ciento, lo que nos coloca como la nación con la menor participación entre todos los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Si bien el gobierno que recién concluyó aumentó la recaudación en 2.3 puntos entre 2014 y 2015, aún está debajo de la de Chile (20.7 por ciento) y de Irlanda (23.6 por ciento). En el otro extremo, los países con mayor recaudación de impuestos como porcentaje del PIB son Dinamarca (46.6 por ciento), Francia (45.5 por ciento) y Bélgica (44.8 por ciento). ¿Por qué no empezar entonces con una reforma hacendaria que permita aumentar la recaudación?

La respuesta tiene una lógica simple, pero trascendental. México es un país que recauda poco, pero que además gasta muy mal. De ahí que la idea del nuevo gobierno sea empezar por el saneamiento del gasto, para lo cual hay que limpiarlo de la corrupción y hacerlo más racional. En este sentido, la propuesta es empezar con un reordenamiento del presupuesto, eliminando programas superfluos, duplicados, reducir las fugas de algunos otros y eliminar los que no tengan justificación sólida o hayan probado su ineficacia. Una vez logrado lo anterior, y se consolide una mayor eficacia presupuestal que dé confianza a la ciudadanía de que hay un manejo adecuado, responsable y honesto del gasto público, se podría pensar en una reforma hacendaria, en la que los gobiernos estatales tendrían que jugar un papel central, mucho más activo del que han desempeñado hasta hoy.

Bajo esa lógica, de acuerdo con la información que ha trascendido y con lo que se plantea en el documento de pre-criterios de política económica que se discutió durante la transición, el equipo que ahora despacha en Hacienda ha definido cinco criterios que orientarán la política de gasto: 1) Uso eficiente de los recursos, 2) Desarrollo económico y promoción productiva, 3) No a un aumento de la deuda, ya que aumentó en diez puntos del PIB en este sexenio, 4) El gasto debe ser austero y responsable y 5) Aumento en la inversión para la infraestructura pública.

En esta perspectiva, las prioridades del gasto social para 2019 están claramente definidas en lo que serán los programas de: Jóvenes Construyendo el Futuro, dirigido a las personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan. En materia de educación, está la construcción de 100 universidades públicas y la entrega de becas a todos los estudiantes del nivel medio superior. El programa de Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, que duplicará su monto a mil 274 pesos mensuales, y el de Pensión para el Bienestar de un millón de personas con discapacidad. Plantación de 1 millón de árboles maderables y frutales, Crédito Ganadero a la Palabra para ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, Precios de Garantía y Canasta Alimentaria, y en materia de Salud, se garantizará atención médica a toda la población y medicamentos gratuitos en los sistemas públicos de Salud.

Es probable que la implementación de todos estos programas no se concluya durante el primer año de la administración, pero seguramente se avanzará en ello.

Grandes obras

En cuestión de infraestructura, las grandes obras que se han planteado son la construcción de la refinería de Dos Bocas -en Tabasco-, el tren maya y el ferrocarril transístmico, éste último se concibe como mancuerna para lograr una interconexión de volúmenes de carga entre el Pacífico y el Golfo, pudiendo conectarse con el tren maya para llegar al puerto de Progreso, y de ahí conectarse con puertos de Estados Unidos, como sería Miami o Houston.

De mantenerse el objetivo de generar un superávit primario, como reiteradamente lo ha sostenido el nuevo gobierno, se puede esperar un techo presupuestal que no será muy diferente al que hubo en 2018, esto es, de alrededor de 5.3 billones de pesos, que con el ajuste de inflación esperada al cierre de diciembre de este año, podría alcanzar los 5.5 billones de pesos. Las dos cifras del marco macroeconómico 2019 en torno de las cuales se ordenará la política económica con la que inicia el nuevo gobierno será que la economía crezca entre 2.5 y 3.5 por ciento, y que la meta de inflación sea de 4 a 5 por ciento anual.

El escenario internacional estará lleno de incertidumbre por el aumento de las tensiones comerciales y geopolíticas, así como por la inestabilidad de los precios del petróleo. La especulación y la volatilidad de los mercados financieros globales reforzarán la delicada situación que enfrentará el primer año de la administración del gobierno. En unos días conoceremos con precisión su planteamiento para hacerle frente.

*Profesor del CEPHCIS-UNAM

[email protected]